La medida deja sin efecto un régimen laboral vigente desde gestiones anteriores.
El Gobierno avanzó con la eliminación del pago de aguinaldo y vacaciones para personas privadas de la libertad que realizan tareas remuneradas dentro del sistema penitenciario. La decisión modifica un esquema implementado durante administraciones kirchneristas y abre un nuevo frente de debate político y judicial.
Según se informó, la medida apunta a redefinir el régimen laboral intramuros, bajo el argumento de que el trabajo en contexto de encierro no puede equipararse al empleo formal fuera de prisión. Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es “ordenar el sistema y evitar privilegios que no corresponden”.
Sectores vinculados al kirchnerismo anticiparon que llevarán el tema a la Justicia al considerar que se trata de un recorte de derechos laborales adquiridos. Argumentan que el trabajo en las cárceles debe regirse por principios básicos de protección y que la quita de estos beneficios podría vulnerar garantías reconocidas.
El debate vuelve a poner en el centro la discusión sobre el alcance de los derechos laborales de las personas detenidas y el rol del Estado en los programas de reinserción. Mientras el Gobierno defiende la decisión como una corrección normativa, desde la oposición advierten que la controversia podría terminar en tribunales.
