Funcionarios, sindicatos y empresas del sector energético analizaron en Caleta Olivia el presente de la actividad, la continuidad laboral y el cumplimiento de compromisos asumidos en los contratos de explotación.
En las oficinas del Ministerio de Trabajo de Caleta Olivia se desarrolló una reunión entre autoridades del Gobierno provincial, representantes sindicales y empresas vinculadas a la actividad hidrocarburífera con el objetivo de analizar la situación actual del sector y avanzar en definiciones vinculadas a la continuidad de la actividad y la preservación de los puestos de trabajo.
Del encuentro participaron el ministro de Energía de Santa Cruz, Jaime Álvarez, y el ministro de Trabajo, Juan Mata, junto a dirigentes gremiales y representantes de las empresas que operan en la región. Entre los presentes estuvieron el secretario general de Camioneros, Sergio Sarmiento; el secretario general del Sindicato de Personal Jerárquico del Petróleo, José Lludgar; dirigentes de UOCRA, UPSAP y UTA, además de autoridades de las empresas Patagonia, Brest, Azruger, GCG, Clear, Quintana y Crown Point.
La reunión se concretó luego de una serie de planteos y reclamos impulsados por las organizaciones sindicales ante las autoridades provinciales y las empresas operadoras para exigir el cumplimiento de lo establecido en los pliegos licitatorios y en los contratos firmados con la Provincia. En ese marco, durante los últimos meses se habían realizado presentaciones formales ante el Ministerio de Trabajo, denuncias públicas, encuentros con distintos actores del sector, asambleas con trabajadores y diversas medidas gremiales orientadas a defender la continuidad de la actividad y las fuentes laborales.
Durante el encuentro se alcanzó un compromiso por parte de las empresas de no avanzar con nuevos despidos, mientras que el Gobierno provincial asumió el compromiso de garantizar el cumplimiento de ese acuerdo e intervenir para dar respuesta a los distintos requerimientos que vienen planteando las organizaciones sindicales. En ese sentido, el ministro de Energía, Jaime Álvarez, manifestó que la Provincia hará cumplir lo acordado sin ningún tipo de concesión.
El acuerdo también abre la posibilidad de avanzar en la reincorporación de trabajadores, en cumplimiento de las actas acuerdo firmadas oportunamente en el ámbito del Ministerio de Trabajo, en las que se establecía expresamente esa obligación y que, según se indicó, hasta el momento no había sido respetada por algunas empresas.
Durante la reunión, los representantes sindicales reiteraron además la necesidad de que las empresas presenten una planificación operativa clara y un cronograma de trabajo concreto, con metas y plazos verificables que permitan recuperar los niveles de producción, reactivar equipos paralizados y terminar con la situación de trabajadores que permanecen en condición de stand by o bajo amenaza permanente de despido. También se planteó la necesidad de avanzar en la generación de nuevos puestos de trabajo vinculados a la actividad.
Estas obligaciones fueron asumidas formalmente por todas las partes en el año 2025, cuando se adjudicaron distintas áreas a la UTE en el marco de los pliegos y contratos correspondientes. En ese contexto, se remarcó que, en caso de que las empresas no estén en condiciones de cumplir con los compromisos contractuales asumidos, deberán ceder esas áreas a operadoras que sí puedan hacerlo. De igual manera, se señaló que el Gobierno provincial debe exigir el cumplimiento de las inversiones comprometidas o, en su defecto, avanzar con el proceso de reversión de las áreas conforme a lo establecido en los contratos y la normativa vigente.
En relación con el Plan de Abandono de Pozos, el ministro de Energía informó que durante la próxima semana se publicarán los pliegos de licitación correspondientes, lo que permitirá comenzar con esas tareas en el corto plazo.
Otro de los puntos abordados durante la reunión estuvo vinculado al informe relacionado con YPF. Según se indicó, la operadora presentaría un informe en un plazo estimado de siete semanas que posteriormente sería auditado por la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, desde el sector sindical manifestaron su preocupación respecto de esos plazos y señalaron que lo establecido originalmente en el programa firmado por la Provincia, FOMICRUZ e YPF establece un esquema distinto.
En ese acuerdo se definió que la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires actúe como entidad auditora del proceso desde su inicio, con la responsabilidad de supervisar los relevamientos ambientales, validar la metodología aplicada y acompañar técnicamente todo el procedimiento. El cronograma previsto establecía además que dentro de los primeros siete días debía presentarse el plan de trabajo y el informe de inicio, mientras que a partir del 1° de diciembre debían comenzar los relevamientos de campo con informes técnicos periódicos sobre el estado de los pasivos ambientales.
En ese marco se planteó que el proceso no debería transformarse en una auditoría posterior sobre un informe elaborado por la propia operadora, sino mantenerse dentro del esquema de supervisión técnica establecido originalmente.
Desde el gremio también señalaron que, hasta el momento, no han tenido acceso a ninguno de esos informes, por lo que solicitaron formalmente a las autoridades provinciales que se pongan a disposición tal como fue requerido en instancias anteriores.
Finalmente, se remarcó que la situación actual del sector exige definiciones concretas y avances inmediatos. En ese sentido, se planteó la necesidad de comenzar cuanto antes con las tareas previstas, tanto para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo como para asegurar la seguridad ambiental en la provincia de Santa Cruz.
Las organizaciones sindicales indicaron además que se realizará un seguimiento permanente del cumplimiento de lo acordado durante la reunión y que, en caso de que las empresas incumplan los compromisos asumidos, se evaluarán las medidas gremiales correspondientes. En ese contexto, señalaron que los trabajadores del sector no aceptarán nuevas dilaciones ni retrocesos y ratificaron que la defensa del trabajo, la producción y el cuidado del ambiente en Santa Cruz continuará siendo una prioridad para los trabajadores de la actividad.
