La Oficina de Coordinación de Gobierno de Caleta Olivia se suma al trabajo que ya viene desarrollando Educación, acompañando junto a distintos organismos.
Este martes 8 de abril se llevó adelante, desde la Oficina de Coordinación de Gobierno de Caleta Olivia, una reunión interinstitucional que marcó el inicio de una mesa de trabajo conjunta para fortalecer el abordaje de las situaciones de bullying y violencia en el ámbito educativo, en articulación con las acciones que ya viene impulsando el área de Educación.
En este marco, la Coordinación de Gobierno se incorpora para acompañar y colaborar con el trabajo existente, promoviendo la articulación con diferentes ministerios y entes para un abordaje integral de la problemática.
Durante el encuentro se compartieron distintas experiencias y miradas sobre el tratamiento de estas situaciones, destacándose la importancia de continuar fortaleciendo herramientas, mejorar los canales de intervención y profundizar el trabajo conjunto con las familias.
A partir de esta instancia, se acordó avanzar en la revisión de la Resolución N° 1500, la elaboración de protocolos de actuación, capacitaciones y un relevamiento de casos que permitirá generar estadísticas en un plazo de 15 días a 30 días.
Asimismo, se definió convocar a una nueva reunión para dar continuidad al trabajo, destacando que “el abordaje articulado es clave para prevenir y contener la violencia en las instituciones educativas”.
Participaron del encuentro Cristian Cardozo (Lic. en Trabajo Social – Comisaría de la Mujer y la Familia), Etelvina Rojas (Directora Provincial de Abordaje y Articulación de Sistemas Locales), Tami Machucha (Psicóloga – Salud Mental), Lic. Antonella Caisutti (Jefa del Servicio de Salud Mental), Mariela Pescara (Coordinadora Pedagógica Regional Zona Norte), Daniela (Prensa del Ministerio), Eloy Tuliz (Subsecretario de Seguridad Ciudadana), Johana Martínez (Comisaria de la Mujer), junto a Ariel Aybar y Matías Mouesca, integrantes de la Oficina de Coordinación de Gobierno a cargo de Javier Aybar.
Las partes coincidieron en que “la presencia activa del Estado es fundamental para garantizar respuestas, acompañar a las comunidades educativas y prevenir situaciones de violencia de manera efectiva”.
