El padre aseguró que había advertido sobre el peligro y apuntó contra la intervención profesional previa al hecho.
El caso de Ángel generó una fuerte conmoción y abrió un nuevo debate sobre el accionar de la Justicia y los organismos de protección de menores, luego de que su padre asegurara que había advertido previamente sobre una situación de riesgo.
Según relató, el hombre presentó pruebas en las que el menor manifestaba temor y pedía no regresar con su madre, lo que —de acuerdo a su testimonio— no habría sido considerado con la urgencia necesaria por parte de las autoridades.
En ese contexto, también cuestionó la intervención de profesionales que participaron en el proceso, señalando que sus advertencias no fueron tomadas en cuenta.
El caso tomó un giro trágico tras confirmarse el asesinato del menor, lo que generó indignación y reclamos sobre posibles fallas en los mecanismos de prevención y protección.
A partir de este hecho, se reavivó el debate sobre cómo actúan los sistemas judiciales y sociales ante denuncias de riesgo, y la necesidad de revisar los protocolos para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
El episodio continúa generando repercusiones y pedidos de justicia, en un contexto de profunda sensibilidad social.
