El objetivo es que el paquete accionario de la Carboeléctrica Río Turbio S.A sea conformado por 51% del Estado nacional, 39% privados y 10% trabajadores. La propuesta fue elevada a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP). Luis Avendaño, secretario general de Luz y Fuerza Río Turbio: “El foco pasa por la sostenibilidad de los dos mil puestos, no por ser accionistas”.
El interventor de YCRT, Pablo Gordillo, explicó que luego de un arduo trabajo con el Gobierno nacional quedó concluida la labor contable y financiera de la empresa, que incluyó un exhaustivo trabajo entre inventarios y balances.
“La nueva figura jurídica sigue en proceso, trabajamos para cumplir los requisitos que nos pidió la Agencia de Transformación de Empresas Públicas del Gobierno nacional. Está listo el inventario, el balance”, había precisado a mediados de mayo pasado.
En esta sintonía, la auditoría incluyó el relevamiento de maquinaria, instalaciones, muebles, rodados, herramientas y la inconclusa Usina Termoeléctrica de 240 MW, que sola fue tasada en 90 millones de dólares. A eso se suman los bienes inmuebles, que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) valuó en otros 130 millones de dólares. Hacia adelante, las partes definirán el traspaso de 45 inmuebles relevados por la intervención.
De acuerdo a lo explicado por el actual interventor, prácticamente el último paso en el que resta trabajar en ATEP para migrar hacia la sociedad anónima es el de los convenios colectivos de trabajo.
Inicialmente se indicó que por las diferentes actividades que desarrolla YCRT no habrá un Convenio Colectivo único: “Por las distintas funciones de trabajo no es posible diseñar uno solo, es muy complejo. Pero es lo que consideramos desde la intervención”.
La Fraternidad –personal ligado a ferrocarriles– ya presentó sus modelos de régimen laboral a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, por lo que el debate pasará por ese costado. Resta hacer lo propio ATE y APS (personal minero y jerárquico), además de Luz y Fuerza.
“El CCT se discutirá con la nueva empresa y ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, pero no lo haremos con ATEP. Si hay que cambiar el régimen, iremos al diálogo. No hay una postura cerrada de parte nuestra”, dijo por su parte Luis Avendaño.
“No hemos tenido contacto con ATEP y tampoco hubo reunión. En tal caso, tampoco hubiéramos asistido porque todo esto se debate bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo”, sentenció el dirigente, y observó que más allá de la nueva figura jurídica, “estaremos bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que no vamos a permitir es que en esta nueva etapa se cambie la situación de revista de los trabajadores. Esto ya lo hemos charlado con la intervención actual”.
Asimismo, Avendaño expresó: “Los trabajadores pedimos garantías de que los dos mil trabajadores actuales de YCRT sean transferidos hacia la nueva empresa. Pero no hay un compromiso asumido públicamente”.
Mientras tanto, la intervención elevó al Gobierno nacional una propuesta del “Programa de Propiedad Participada”.
“Buscamos incorporar a los trabajadores de YCRT como accionistas de la futura sociedad anónima; la iniciativa está en evaluación”, indicó Gordillo.
Precisó que el objetivo es que el paquete accionario de la Carboeléctrica Río Turbio S.A quede conformado por un 51% del Estado nacional, 39% del sector privado y 10% de los trabajadores.
Luz y Fuerza también hizo reparos en este aspecto, señalando que “para los trabajadores no son aspectos de importancia; tener o no acciones no es el punto de debate. Queremos tener trabajo y a eso tenemos que apuntar”.
De esta manera, alertaron que “hoy el foco está puesto en la continuidad de los puestos y de la empresa. Por ahora no forma parte de nuestro interés tener o no acciones. Esto no hace a la sostenibilidad de los puestos de trabajo. Se necesita que lleguen accionistas con capacidad de inversión y que sean empresas serias, con un respaldo económico importante”.
El escenario actual de la minera estatal pasa por avanzar hacia la nueva figura jurídica, pero desde Luz y Fuerza advirtieron que aún no fueron convocados por el Gobierno nacional para dialogar sobre los cambios que se aproximan.