Pablo Grasso prometió reducir un 30% los cargos políticos. Los números muestran exactamente lo contrario. No solo no los achicó, los aumentó.
En diciembre de 2023, el Municipio de Río Gallegos tenía 292 cargos políticos. En marzo de 2026, esa cifra trepó a 563 cargos políticos. Son 271 cargos más, un incremento de casi 93%.
Pero además hay otro dato alarmante. La Municipalidad de Río Gallegos destina más de 1.000 millones de pesos por mes al sostenimiento de cargos políticos. Una cifra descomunal que pagan los contribuyentes.
Lo más grave es el contexto. Pablo Grasso ya está lanzado como candidato a gobernador y cada vez queda más expuesto que los vecinos de Río Gallegos están financiando una estructura de punteros políticos que hoy se proyecta en toda la provincia.
Mientras los vecinos pagan tasas e impuestos, una parte enorme de esos recursos se destina a sostener una maquinaria política que, lejos de reducirse como se prometió, no deja de crecer.
Pablo Grasso arma permanentemente un relato sobre lo que hay que hacer, pero no lo hace. Ya pasó cuando estuvo al frente del IDUV, y después también durante la gestión de su hermana, donde quedaron decenas de obras sin terminar, pese a que muchas estaban pagadas.
Eso lleva a una pregunta política inevitable. Si las obras quedaron inconclusas y los recursos estuvieron, ¿de ahí se financiaba la política? Es una pregunta que merece respuesta.
No hubo ajuste en la política. Hubo más cargos, más gasto y más interrogantes.
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