La provincia avanza con una decisión fuerte frente a la creciente ola de amenazas de tiroteos en escuelas.
El gobierno de Córdoba resolvió que, cuando se identifique a un alumno responsable de una amenaza falsa, sus padres o responsables deberán afrontar el costo total de los operativos de seguridad desplegados.
Cada intervención implica la movilización de fuerzas policiales, bomberos y equipos especiales, con costos que pueden alcanzar cifras millonarias. Además del gasto, estos episodios generan pánico en la comunidad educativa, suspensión de clases y un fuerte impacto emocional en estudiantes y familias.
La medida busca desalentar este tipo de hechos que muchas veces comienzan como “bromas”, pero que obligan a activar protocolos reales y consumir recursos del Estado.
El contexto es alarmante: en distintas provincias se repiten amenazas similares, algunas vinculadas a desafíos virales entre jóvenes, en un escenario marcado por antecedentes recientes de hechos violentos que incrementan la preocupación social.
Ahora el eje se pone en la responsabilidad, no solo penal sino también económica.
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