La causa por la presunta estafa de $50 millones suma ahora un fuerte componente político. Según trascendió en las últimas horas, el conductor del automóvil blanco donde habrían cargado bolsos de la principal acusada sería Matías Álvarez, empleado de la Municipalidad de Río Gallegos y militante vinculado políticamente al intendente Pablo Grasso.
Las imágenes se viralizaron durante el fin de semana y muestran movimientos en el edificio donde la mujer cumplía fijación de domicilio por orden judicial. Vecinos aseguraron que varias personas colaboraron para retirar pertenencias y cargarlas en el vehículo.
El dato generó aún más indignación entre los damnificados, que cuestionan duramente a la Justicia por haber dejado en libertad a la acusada pese a la cantidad de pruebas secuestradas durante los allanamientos realizados por Cibercrimen y la DDI.
Mientras crecen las críticas contra el juez Giménez y la secretaria Elsa Pastori del Juzgado N°3, las víctimas sostienen que “no se entiende cómo sigue libre con todas las pruebas que existen en la causa”.
