La Provincia puso en marcha una nueva etapa del Programa de Atención Integral para la Niñez y Adolescencia (PAINA), con recursos destinados a municipios y comisiones de fomento. El objetivo es fortalecer el trabajo territorial, prevenir situaciones de vulnerabilidad y consolidar un abordaje integral de las infancias y adolescencias en todo el territorio santacruceño.
El Gobierno de Santa Cruz avanzó en una nueva instancia de fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a la protección integral de niños, niñas y adolescentes, a partir de la inauguración oficial del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia y la puesta en funcionamiento de programas que buscan ampliar la capacidad de intervención del Estado en todo el territorio provincial. En ese marco, la gestión encabezada por el gobernador Claudio Vidal confirmó una inversión de $500 millones a través del Programa de Atención Integral para la Niñez y Adolescencia (PAINA), alcanzando a 15 municipios y 5 comisiones de fomento.
La apertura del Consejo estuvo encabezada por el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, acompañado por el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, junto a representantes de distintas localidades de la provincia, equipos técnicos de niñez, autoridades judiciales y funcionarios provinciales, entre ellos la ministra de Gobierno, Belén Elmiger.
La decisión del Ejecutivo provincial apunta a consolidar un modelo de intervención social basado en la prevención, el acompañamiento territorial y la articulación entre organismos estatales, en un contexto social que presenta problemáticas cada vez más complejas vinculadas a las infancias y adolescencias. Desde el Gobierno Provincial remarcaron que el nuevo esquema busca dejar atrás respuestas fragmentadas para avanzar hacia una política pública integral, sostenida y con presencia permanente en cada localidad.
El Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia fue presentado como un espacio de articulación institucional destinado a coordinar acciones entre municipios, comisiones de fomento, áreas sociales, organismos judiciales y equipos técnicos. La iniciativa se encuentra respaldada por la Ley Nacional 26.061 y por la Ley Provincial 3062, normativa que desde 2009 establece el marco de protección integral de derechos de niños y adolescentes en Santa Cruz.
Durante la jornada, el ministro Sebastián Georgion sostuvo que el fortalecimiento de estos espacios representa “un paso fundamental para coordinar y consolidar políticas públicas que garanticen la protección de la niñez y adolescencia en toda la provincia”, y remarcó la importancia de construir herramientas que permitan actuar de manera temprana frente a situaciones de vulneración de derechos.
Por su parte, el intendente Pablo Grasso valoró el trabajo de los equipos técnicos que diariamente intervienen en distintas situaciones sociales y destacó la necesidad de sostener una articulación permanente entre el Estado provincial, los municipios y la Justicia. En ese sentido, remarcó que las políticas públicas vinculadas a la niñez requieren continuidad, presencia territorial y capacidad de respuesta inmediata frente a las demandas sociales.
Uno de los principales ejes planteados durante el encuentro estuvo vinculado a la necesidad de profundizar el trabajo preventivo en el territorio. Desde la Provincia señalaron que el objetivo es fortalecer equipos que conozcan la realidad de cada comunidad, comprendan las problemáticas locales y puedan actuar desde una lógica cercana y permanente, evitando intervenciones tardías o aisladas.
En ese contexto, se informó que se vienen desarrollando capacitaciones continuas y articulaciones regionales en distintos puntos de la provincia, incluyendo localidades de la Cuenca Carbonífera, Puerto San Julián, Pico Truncado, Caleta Olivia y Puerto Deseado, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de los equipos técnicos y unificar criterios de intervención.
Dentro de las herramientas impulsadas por la Provincia también se encuentra el programa “Crecer Enredados”, surgido a partir de una ley nacional de capacitación federal obligatoria y permanente. La propuesta apunta a capacitar a agentes de los tres poderes del Estado para detectar situaciones de vulneración de derechos y activar mecanismos de intervención y denuncia. Actualmente, el programa cuenta con alrededor de 2.500 inscriptos en distintos puntos de Santa Cruz.
Sin embargo, el eje central de la jornada estuvo puesto en el PAINA, considerado por el Gobierno Provincial como una de las principales herramientas de fortalecimiento territorial para las áreas de niñez. El programa contempla una inversión de $500 millones destinados a municipios y comisiones de fomento, recursos que serán utilizados para sostener equipos interdisciplinarios, mejorar capacidades de intervención y acompañar políticas preventivas en cada localidad.
Desde la gestión provincial señalaron que, pese al contexto económico y social complejo que atraviesa el país, la decisión política es sostener e incrementar la inversión en áreas sensibles vinculadas a las infancias y adolescencias, entendiendo que la protección de derechos requiere presencia estatal, planificación y trabajo coordinado entre todos los niveles institucionales.
Además, se convocó a las localidades que aún no formalizaron su adhesión al programa a incorporarse al esquema de trabajo impulsado por la Provincia, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial y garantizar que las herramientas de asistencia y prevención lleguen a toda Santa Cruz.
