El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires intimó a Mercado Libre para que modifique una serie de cláusulas presentes en sus términos y condiciones, al considerar que podrían resultar perjudiciales para los consumidores.
La medida fue adoptada por la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, que otorgó a la empresa un plazo de cinco días hábiles para presentar un descargo, eliminar los puntos observados o proponer modificaciones. De no hacerlo, la firma podría enfrentar una multa de hasta $1.815 millones.
Entre las observaciones realizadas por el organismo aparecen cláusulas vinculadas a modificaciones unilaterales de contratos, posibles cobros sin información suficiente para los usuarios y disposiciones relacionadas con la responsabilidad frente a fraudes o accesos indebidos a cuentas.
Desde la administración bonaerense sostienen que los consumidores deben ser informados de manera clara sobre cualquier cambio contractual y que las plataformas digitales también tienen responsabilidades en materia de seguridad y protección de usuarios.
Mercado Libre rechazó las acusaciones y afirmó que sus condiciones de uso cumplen con la legislación vigente. Además, destacó que millones de personas utilizan diariamente sus servicios y que cuentan con herramientas destinadas a proteger a compradores y vendedores.
La controversia se produce en medio de un creciente debate sobre la regulación de las plataformas digitales y los mecanismos de protección de los consumidores en el comercio electrónico.
