A través del “Informe Jubilar”, el Vaticano advierte que la crisis de deuda pública —especialmente en países en desarrollo— podría desencadenar recortes drásticos en salud y educación. Reclama reformas profundas, cambios legales y control a rescates financieros internacionales.
Una comisión especial, convocada por el papa Francisco y hoy presidida por su sucesor León XIV, presentó el pasado 20 de junio en Roma un documento crítico dirigido al Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales. El informe advierte sobre una crisis de deuda capaz de desencadenar una “década perdida” en desarrollo, afectando a 3.300 millones de personas en naciones que pagan más intereses que destinan a salud pública.
El análisis, coordinado por el Premio Nobel Joseph Stiglitz y el economista argentino Martín Guzmán, subraya que más de 54 países desarrollados destinan el 10 % o más de su recaudación fiscal al pago de intereses. Mientras tanto, los sistemas de salud, educación e incluso la acción climática se ven postergados.
Mensaje directo al FMI e instituciones multilaterales
El informe reclama al FMI y al Banco Mundial que:
1. Dejen de utilizar sus préstamos para rescatar a acreedores privados, una práctica que profundiza una cadena de deuda sin solucionar los problemas estructurales.
2. Impulsen cambios legales en Nueva York y Londres para limitar el accionar de “fondos buitre” y promover cláusulas de acción colectiva que faciliten reestructuraciones justas .
3. Establezcan un mecanismo internacional de quiebra soberana, inspirado en sistemas domésticos, que permita alivio ordenado, evitando que la carga recaiga únicamente en los más vulnerables.
Una crisis global con rostro humano y moral
La propuesta no solo es técnica, sino también ética. El informe describe la crisis de deuda como un fracaso moral que atenta contra los Derechos Humanos, la igualdad y la justicia social . El jesuita Charlie Chilufya la definió como un “fracaso moral”, y la activista Mitzi Jonelle Tan denunció que “heredan países ahogados en deudas y desastres climáticos”.
Desde una óptica financiera, la gravedad del problema se refleja en los datos: los países emergentes gastaron en 2023 cerca de 1,4 billones de dólares en estar al día con sus acreedores, lo que representa casi un 4 % de su PNB colectivo.
Diálogo político y obstáculos reales
Aunque el documento se presentará en la próxima conferencia de financiamiento de la ONU en Sevilla y en las cumbres del G20 y la Asamblea General, la respuesta internacional ha sido tibia. En encuentros recientes del FMI y el Banco Mundial, el compromiso dejado al descubierto fue débil, generando preocupación por la ineptitud de los mecanismos existentes .
La muerte del papa Francisco y recortes significativos en las partidas de ayuda extranjera —especialmente desde EE.UU.— han diluido el empuje diplomático necesario . Además, la falta de respaldo político en potencias miembros del FMI y del G20, unida a la presión por proteger intereses financieros, dificulta la implementación de cambios sustantivos.
¿Hacia una década perdida o por una década de esperanza?
El Vaticano advierte que, sin reformas, muchos países estarán condenados a gastar más en deuda que en salud y educación, lo que podría inhibir el desarrollo durante años y profundizar tensiones sociales . En contraste, con nuevas reglas, cláusulas OC y quiebras soberanas protegidas, millones podrían tener acceso a servicios esenciales y a un futuro con más oportunidades y equidad.
A la espera de que la comunidad internacional escuche y actúe, la Iglesia insiste en que solucionar la crisis de deuda es un deber ético global, no solo un desafío económico.
