Crece la tensión en Diputados: la oposición amenaza con juicio político si el oficialismo no destraba la investigación por el escándalo del criptoactivo
La Comisión Investigadora Especial sobre el escándalo del criptoactivo $LIBRA se reúne hoy en el Anexo 1 de la Cámara de Diputados en lo que ya se perfila como una jornada clave. El cuerpo parlamentario, que desde su creación no logró designar autoridades por un insólito empate de fuerzas, enfrenta ahora una advertencia formal de la oposición: si el oficialismo vuelve a bloquear el funcionamiento, avanzarán con un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei.
Desde su conformación, la comisión quedó paralizada por el empate 14 a 14 entre los bloques afines a La Libertad Avanza y los opositores, quienes proponen a la diputada Sabrina Selva (UxP) como presidenta. El oficialismo insiste en mantener a Gabriel Bornoroni en ese rol. La falta de definiciones dejó sin posibilidad de emitir oficios, convocar testigos ni siquiera establecer un plan de trabajo. Tras semanas de estancamiento, el secretario parlamentario Adrián Pagano convocó a una nueva sesión para este miércoles, en un intento por evitar el naufragio institucional.
El tema es sensible: la comisión fue creada tras el estallido del caso conocido como “Libragate”, una presunta maniobra de estafa piramidal que involucró al criptoactivo promocionado públicamente por el propio presidente Milei durante la campaña de 2023. En cuestión de horas, $LIBRA creció más del 200% y se desplomó luego sin explicaciones, generando pérdidas millonarias para pequeños ahorristas y beneficios extraordinarios para un puñado de desarrolladores. Las denuncias por presunto uso de información privilegiada, promoción engañosa y estafa se acumulan en tribunales federales y ya hay más de cien querellas en marcha.
El eje del conflicto está puesto en el núcleo duro del gobierno: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue convocada por la comisión como testigo clave, junto al propio presidente y empresarios vinculados al desarrollo de la criptomoneda, entre ellos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. También fueron citados periodistas como Alejandro Bercovich e Irina Hauser, técnicos como Fernando Molina y Santiago Siri, y querellantes como Maximiliano Firtman. Pero sin autoridades designadas, ninguno de estos llamados tiene validez legal.
En la previa, legisladores de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal advirtieron que si el oficialismo vuelve a obstaculizar el funcionamiento de la comisión, promoverán formalmente el juicio político contra el presidente. El diputado radical Fernando Carbajal fue directo: “Frente a esta cerrazón institucional, la única herramienta constitucional que nos queda es el juicio político”. El texto ya había sido presentado en febrero, pero había quedado en suspenso.
El mecanismo no es sencillo: para avanzar se necesita la habilitación de la Comisión de Juicio Político, presidida por la oficialista Marcela Pagano, y luego la aprobación por dos tercios en la Cámara baja y el Senado. Pero el impacto político de un avance en ese sentido sería inmediato, tanto hacia dentro del gobierno como hacia los mercados.
Lo cierto es que el caso LIBRA volvió a poner en tensión los límites entre lo público y lo privado, entre la función institucional y la conducta empresarial, entre la libertad de expresión y la responsabilidad económica. Las redes sociales se convirtieron en un escenario decisivo: fue allí donde Milei promocionó $LIBRA, y es allí donde los perjudicados y sus familias denuncian cada día las consecuencias. La narrativa libertaria, que hizo de la desregulación y el mercado su bandera, ahora se enfrenta a las exigencias de la legalidad republicana.
Con el receso invernal a la vuelta de la esquina, hoy se juega más que una votación interna: se define si el Congreso podrá ejercer sus funciones de control o si quedará atrapado en su propia impotencia. El resultado de la sesión marcará el tono de lo que viene: o la comisión se reactiva, o el conflicto institucional se eleva a su máximo nivel.
La tensión no cede. Y la sombra del juicio político empieza a dejar de ser una amenaza para convertirse en un escenario plausible.
