El juez federal Daniel Rafecas ordena que se instale un juicio oral en ausencia contra diez acusados iraníes y libaneses, prófugos desde 2006, en una causa que busca romper con décadas de impunidad y satisfacer el reclamo de verdad de las familias de las 85 víctimas.
En una decisión de gran repercusión, el juez federal Daniel Rafecas resolvió este jueves, 26 de junio de 2025, iniciar un juicio en ausencia contra diez individuos —nacionales de Irán y Líbano— acusados de haber planificado y ordenado el atentado contra la AMIA en julio de 1994, que causó 85 víctimas fatales y más de 150 heridos .
La medida, solicitada por la Unidad Fiscal de Investigación AMIA (UFI-AMIA), liderada por Sebastián Basso, se funda en la Ley 27.784, sancionada en febrero de 2025, que permite avanzar con juicios aunque los acusados estén declarados “rebeldes” y ausentes del país por más de cuatro meses.
La resolución rompe con el letargo de casi 25 años sin acusados arraigados ante la justicia argentina . Los imputados incluyen a personajes ligados al régimen iraní —como Alí Fallahijan, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Mohsen Rabbani y otros— y uno presuntamente vinculado a Hizbullá, todos con pedido de captura internacional desde 2006.
Repercusiones y contexto
Querellas divididas: En abril pasado, las distintas querellas presentaron posiciones contrapuestas ante Rafecas durante la etapa de consulta, mientras la Fiscalía ya respaldaba el juicio en ausencia.
Acceso a la verdad: En 2022, Rafecas también había autorizado el acceso de los familiares a documentación clasificada vinculada a la causa, en línea con los pedidos de Memoria Activa y la Corte Interamericana de Derechos Humanos .
Obligaciones internacionales: La Corte Interamericana emitió un fallo en junio de 2024 que condenó al Estado argentino por omisiones en la investigación y ordenó al Estado a crear un archivo histórico, producir un documental, y reconocer públicamente su responsabilidad.
El rol de las víctimas y la comunidad
Familiares organizados en asociaciones como “Memoria Activa” junto al CELS y otras ONGs, ven este avance judicial como un paso histórico. Desde 1994 han sostenido actos semanales frente a la justicia, denunciando irregularidades —como la “conexión local” y la manipulación de pruebas— y exigiendo resultados efectivos.
El juicio en ausencia, si bien no garantiza la detención de los acusados, representa un mecanismo clave para evidenciar responsabilidades y contribuir a la construcción de la verdad.
¿Qué sigue?
Ahora, Rafecas deberá formalizar acusaciones, fijar fechas y gestionar el desarrollo del juicio oral sin presencia física de los imputados. Aunque las condenas en ausencia puedan enfrentar recursos internacionales o diplomáticos, sentarán un precedente de cambio frente a la prolongada impunidad.
Además, la decisión refuerza las obligaciones del Estado argentino ante los fallos internacionales y el pedido de memoria y justicia pendiente. Con este paso, se busca responder al dolor de los familiares y devolver, en parte, la dignidad arrebatada hace tres décadas.
