Un fallo histórico en EE.UU. obliga a devolver acciones a Burford, revive las maniobras que permitieron a la familia Eskenazi quedarse con YPF sin invertir un dólar y reabre la herida de una expropiación que se transformó en agujero negro para las cuentas públicas.
La resolución que sacude el tablero
El 1 de julio de 2025, la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York ordenó al Estado argentino devolver el 51% de las acciones de YPF al fondo Burford, que compró derechos litigiosos de Petersen Energía, la sociedad de los Eskenazi que en su momento desembarcó en la petrolera sin aportar capital propio. Este revés judicial expone un esquema que empezó como un supuesto “capitalismo nacional” y terminó como un ejemplo de saqueo legalizado, con un pasivo que ronda los US$16.000 millones.
La compra sin dinero y los dividendos que pagó YPF
En 2007, Néstor Kirchner habilitó el ingreso del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, para que adquiriera un 15% de YPF mediante un préstamo vendor de Repsol por €1.500 millones. La operación, presentada como un caso de “argentinización”, obligaba a la petrolera a distribuir dividendos que luego usaron para pagar la misma compra. Entre 2008 y 2011, los Eskenazi se llevaron más de US$5.000 millones, sin poner un dólar de sus bolsillos.
La estatización parcial y la indemnización selectiva
En 2012, bajo Cristina Kirchner, el Estado expropió el 51% de YPF que estaba en manos de Repsol. Dos años después se pagaron US$5.000 millones de compensación a la petrolera española, pero Petersen Energía quedó fuera de cualquier acuerdo. Ahí se abrió la puerta para que Burford, un fondo especializado en pleitos, comprara los derechos de los Eskenazi en 2015 por apenas €15 millones. Hoy ese movimiento se convierte en la jugada legal más rentable de la historia reciente: forzó una indemnización que amenaza con vaciar otra vez el patrimonio estatal.
Un mecanismo de saqueo legal
Mientras Repsol cobraba y se retiraba sin perder demasiado, Petersen quebró en España. La familia Eskenazi regresó a la actividad con nuevos negocios, mientras Burford multiplicó en tribunales lo que nunca invirtieron en YPF. Para la justicia estadounidense, la falta de pago a todos los accionistas minoritarios violó el estatuto de YPF y el principio de trato equitativo. Por eso, el fallo ordena devolver acciones o pagar la millonaria suma equivalente.
Una herida que no cierra
La oposición exige auditorías y sanciones para los responsables políticos de un modelo que, bajo el relato de la soberanía energética, terminó beneficiando a un puñado de empresarios con buena llegada a Balcarce 50. El caso también encendió alertas entre analistas de deuda: la Argentina podría enfrentar embargos de dividendos, bloqueo de activos en el exterior y pérdida de control sobre su mayor petrolera.
Un laberinto sin salida visible
Mientras tanto, Burford ya anunció nuevos pasos para ejecutar la sentencia. El Gobierno busca dilatar el pago y abrir una negociación que evite entregar acciones de YPF, clave para mantener el control de Vaca Muerta y sostener la ilusión de autoabastecimiento energético. Lo que queda claro es que este laberinto, lejos de cerrarse, se expande: cada pasillo conduce a una nueva factura para el Estado y, en última instancia, para todos los argentinos.
