Hace casi dos décadas, Elisa Carrió advirtió sobre la maniobra de reestatización que hoy obliga a pagar una indemnización millonaria. El fallo de Preska confirma que la historia no siempre absuelve a todos.
Corría el año 2006 cuando Elisa Carrió, por entonces diputada nacional y ya convertida en una de las voces más filosas de la oposición, presentó la primera denuncia penal contra el entramado que rodeaba la reestatización de YPF. Aquella vez, cuando pocos se atrevían a cuestionar la ofensiva del kirchnerismo para recuperar la petrolera, Carrió señaló con nombre y apellido a Cristina Fernández de Kirchner, a Julio De Vido y a Axel Kicillof como artífices de un movimiento que, según ella, escondía un “vaciamiento disfrazado de soberanía energética”.
Los años pasaron, la causa avanzó a golpes de archivo y reapertura, pero el eje se mantuvo intacto: la operación permitió que el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, se quedara con acciones sin poner un dólar propio, financiándose con dividendos de la misma YPF. En paralelo, la estatización de 2012 dejó afuera de cualquier compensación a los accionistas minoritarios, abriendo la puerta a una disputa que terminaría en los tribunales de Nueva York.
El aviso que pocos escucharon
En agosto de 2023, ya retirada de la primera línea partidaria y recuperándose de un episodio isquémico, Carrió volvió a presentar un escrito ante la Justicia federal para ampliar aquella denuncia que había nacido en 2006. Pidió investigar la responsabilidad directa de Cristina Kirchner y Kicillof, señalando que el fallo inminente de la jueza Loretta Preska en EE. UU. obligaría a la Argentina a pagar —según sus cálculos— entre 5.000 y 16.000 millones de dólares. No se equivocó: el monto final, con intereses, ya ronda los 16.100 millones, más costas y embargos posibles.
La jueza Preska resolvió a fines de junio de 2025 que la Argentina debe transferir el 51 % de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, herederos del reclamo de Petersen Energía, la sociedad fantasma que canalizó la compra sin capital propio. El fallo —uno de los más costosos de la historia argentina— encendió de nuevo la mecha sobre el costo político de una maniobra celebrada entonces como un acto de patriotismo energético.
De la advertencia a la factura
Elisa Carrió insistió desde el primer día en que la reestatización violaba el estatuto de YPF, que exigía lanzar una oferta pública de acciones para todos los accionistas y no solo negociar con Repsol. Esa omisión —que durante años pareció un tecnicismo menor— hoy devino en argumento central para la condena internacional.
En su ampliación de denuncia de 2023, la fundadora de la Coalición Cívica dejó asentado que la maniobra había generado un “daño mayúsculo” y pidió citar a declarar a exfuncionarios clave. También requirió que se enviara copia del fallo Preska a la justicia local para abrir causas por incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta.
El eco del fallo
Mientras el Gobierno de Javier Milei ahora busca apelar y ganar tiempo para evitar la transferencia de acciones, la causa YPF se transformó en un caso testigo de cómo una decisión política puede convertirse, años después, en una sangría de divisas. Analistas y consultoras financieras coinciden en que este nuevo frente jurídico y económico podría tensionar la hoja de ruta fiscal y complicar futuros acuerdos de financiamiento externo.
Para Carrió, el tiempo le dio la razón: lo que en 2006 parecía un gesto testimonial terminó inscrito como un hilo conductor que une la soberanía energética con la corrupción institucional. Un costo que, a fin de cuentas, pagarán todos los contribuyentes argentinos.
Aquel papel presentado hace casi veinte años queda ahora como registro de un tiempo en que advertir no bastó. La denuncia de Carrió resurge cada vez que se menciona el juicio YPF y confirma, para quien quiera leer entre líneas, que la historia no siempre absuelve: a veces devuelve la factura.
