La causa contra Jairo Guzmán que nunca llegó a investigarse y el costo de mirar para otro lado.
La provincia de Santa Cruz asiste a un nuevo capítulo de la tensión—ya crónica—entre justicia y política. El fiscal subrogante Alexis Quintana archivó, sin producir una sola prueba ni convocar al denunciante, la presentación penal contra Jairo Guzmán, director ejecutivo del PAMI local y presidente provincial de La Libertad Avanza. El cierre exprés del expediente desató un vendaval de críticas y volvió a instalar una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando lo que no se investiga se convierte, de hecho, en una forma de impunidad?
Un expediente que jamás nació
La denuncia, presentada por el exdelegado Sergio Torres, apuntaba a presuntas irregularidades en la gestión del PAMI. Torres asegura que nunca fue citado ni notificado para ampliar su testimonio y que se enteró del archivo por la radio, cuando el propio Guzmán celebró la decisión como “prueba de inocencia”. El fiscal Quintana no ordenó peritajes, ni requirió documentación contable, ni llamó a testigos: simplemente desestimó.
En democracia, la inocencia se construye con evidencias; no se proclama. Una fiscalía que archiva sin preguntas no absuelve: anula la posibilidad de verdad.
El libertario que vive del Estado
Mientras predica recortes y combate “a la casta”, Guzmán administra la obra social estatal más grande de la provincia y reparte nombramientos. Se exhibe en actos partidarios nacionales, fotografiado junto a Karina Milei, como rostro patagónico del mileísmo. La paradoja del “libertario estatal” se vuelve más incómoda cuando emergen denuncias de ex empleados que relatan pedidos de “diezmo” salarial para conservar el puesto, o cuando se señala la designación de familiares en la estructura de Vialidad Provincial.
Controversias que se apilan
• Discurso de odio. Un juez obligó a Guzmán a retractarse tras un posteo homofóbico en redes.
• Recaudación interna. La causa por presuntos descuentos compulsivos a trabajadores del PAMI sigue cajoneada.
• Turismo mediático. Actos y transmisiones en vivo donde se erige como “paladín de la transparencia” mientras la causa principal duerme.
El costo de la justicia complaciente
Santa Cruz acumula cuatro décadas de alternancia entre caudillos y promesas de renovación. El archivo fulminante firmado por Quintana reabre la vieja herida de un Poder Judicial expuesto a presiones externas: rumores de llamadas fuera de expediente, amistades personales y compromisos políticos que condicionan las decisiones. Cuando la justicia abdica, la política se convierte en un territorio de verdades incuestionables y relatos sin contraste.
Guzmán continúa en campaña con la bandera de la transparencia, pero arrastra una sombra cada vez más visible: la denuncia que nadie quiso investigar, el nepotismo que nadie audita y los discursos de odio que apenas reciben un tirón de orejas.
¿Esto es lo nuevo?
Si la “nueva política” necesita archivos exprés, parentescos en nómina y fiscales indulgentes, tal vez no se diferencie tanto de la vieja. Lo que no se investiga también corrompe. Santa Cruz no puede darse el lujo de normalizar la sombra, porque cuando la justicia decide no ver, la oscuridad termina gobernando.
