La Casa Rosada inicia un proceso de despidos y reestructura el organismo tras sospechar que se filtró información sensible al fondo Burford en el litigio por la expropiación de YPF.
El Gobierno nacional, a través de la Procuración del Tesoro, comenzó una investigación interna y una purga anticipada, que podría incluir despidos, luego de detectar supuestas filtraciones de información vinculadas a la causa judicial que se tramita en Nueva York en contra del Estado argentino. Según fuentes oficiales, se sospecha que detalles confidenciales habrían sido entregados al fondo Burford Capital, principal actor del reclamo internacional.
Encabezada por Santiago Castro Videla, segundo procurador del Tesoro bajo el gobierno de Javier Milei, la reestructuración busca además disolver áreas críticas y redefinir las responsabilidades dentro del organismo. La motivación oficial se centra en proteger la defensa del Estado en litigios que implican miles de millones de dólares.
El foco de la investigación está en identificar “responsables internos” que filtraron documentación reservada relevante para el proceso judicial encabezado por la jueza Loretta Preska, quien recientemente ordenó la entrega del 51 % de las acciones estatales de YPF a Burford y Eton Capital . Tras esa orden, Argentina logró una suspensión preventiva por parte de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que frenó la medida mientras se tramita la apelación.
Además, Estados Unidos reforzó su postura favorable a Argentina: el Departamento de Justicia se presentó nuevamente como amicus curiae en apoyo a la estrategia legal nacional, una jugada que refuerza la defensa local ante el tribunal de apelaciones.
Para Buenos Aires, el contexto actual es complejo: el poderoso litigio que comenzó en 2023 por la expropiación de YPF persigue una indemnización superior a los 16.000 millones de dólares, más intereses, con riesgo creciente de perder el control accionario por incumplimiento de la orden judicial.
Dentro del Gobierno se advierte que más allá del impacto jurídico, están en juego cuestiones de seguridad institucional y soberanía. Por eso, la Casa Rosada decidió cortar de raíz cualquier filtración, responsabilizando al personal involucrado en caso de confirmarse vulneraciones al secreto de la causa.
La investigación ya se encuentra en curso y habrá que observar si el proceso disciplinario, derivado de la purga en la Procuración, alcanza también consecuencias judiciales.
Este episodio agrega nueva presión política al entramado del caso YPF. ¿Podrá Argentina sostener la defensa coordinada tras este escándalo interno? Oportunamente, la respuesta llegará desde Nueva York y desde los pasillos de Balcarce 50.
