Mientras Pablo Grasso recorre localidades hablando de diálogo, escucha activa y defensa de los trabajadores estatales, su historial como funcionario público deja más interrogantes que certezas. Las palabras pueden ser atractivas, pero los hechos —particularmente los que prefieren no ser mencionados— hablan con más fuerza.
Durante su gestión al frente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), primero en forma directa y luego a través de una presidencia ocupada por María Grasso —aunque siempre bajo su conducción política—, el organismo fue escenario de una serie de situaciones que distan mucho de los ideales que hoy promueve. Conflictos laborales persistentes, denuncias de obras sin ejecución, presiones internas y cuestionamientos por el uso de fondos públicos fueron parte del panorama.
Entre 2022 y 2023, el IDUV vivió semanas de paro y retención de tareas por parte de sus trabajadores. Reclamos salariales básicos —como un sueldo por encima de la línea de pobreza o el pase a remunerativo de sumas en negro— no obtuvieron respuesta. Incluso, en noviembre de 2023, los empleados rechazaron una oferta en cuotas, exigiendo un aumento del 55 % al básico. La gestión prefirió el silencio.
Al mismo tiempo, comenzaron a circular denuncias por obras fantasmas, como un “monumento al glaciar” presupuestado en más de 15 millones de pesos y un cementerio de mascotas sin señales de ejecución. Mientras tanto, quienes sostenían la estructura operativa del IDUV lo hacían con ingresos insuficientes y condiciones laborales degradadas.
Pero la situación no se limitó a lo económico. También hubo denuncias por presiones y prácticas intimidatorias. En mayo de 2018, la agrupación Tribuna Estatal denunció públicamente que “la patota de Grasso” había ingresado al organismo para retirar carteles de protesta y amedrentar al personal. No fue un hecho aislado: se mencionaron antecedentes que se remontan incluso a 2002, cuando Grasso fue señalado como uno de los responsables de un ataque contra manifestantes durante un cacerolazo en Río Gallegos.
Por si fuera poco, su nombre también aparece en varias denuncias judiciales: no solo por parte de opositores circunstanciales, sino también de figuras institucionales como el exconcejal Pedro Muñoz y la vocal por la minoría del Tribunal de Cuentas, Yanina Gribaudo. Lamentablemente, como ocurre en muchos casos en Santa Cruz, no hay novedades sobre el avance de esas causas en la Justicia.
Hoy, Grasso busca proyectarse como una alternativa política distinta. Pero su historial, lejos de acompañar esa idea, obliga a una mirada crítica. En tiempos donde la transparencia y la coherencia deberían ser pilares de cualquier propuesta política, ocultar el pasado —o minimizarlo— no solo es una estrategia desacertada, sino una falta de respeto a la memoria y a los derechos de quienes fueron silenciados, precarizados o ignorados.
