Desde su prisión domiciliaria, la expresidenta envió delegados a México y Brasil con un documento que tilda de persecución al poder económico y mediático responsables del fallo judicial que la inhabilitó políticamente.
En plena prisión domiciliaria en Constitución, Cristina Fernández de Kirchner impulsó una campaña internacional para denunciar lo que considera una “persecución política” y su “proscribción” institucional en Argentina. La estrategia contempla envío de emisarios a México y Brasil, quienes portarán un documento titulado “La persecución contra Cristina Fernández de Kirchner y su proscripción”.
Envío de delegados y contenido del documento
Entre los delegados figuran figuras como Jorge Taiana, Oscar Parrilli, Lucía Corpacci e Itai Hagman, quienes tendrán presencia en reuniones del Partido de los Trabajadores en Brasilia y en encuentros en la UNAM, Ciudad de México. El mensaje remite a la consigna “Cristina Libre”, evocando el apoyo que recibió Lula en su propia etapa judicial.
El documento contiene acusaciones directas contra el presidente Javier Milei, Mauricio Macri y la Corte Suprema argentina, a quienes responsabiliza de ejecutar una proscripción política judicial, legalmente habilitada por el fallo Vialidad. Según el texto, se trata de una acción coordinada entre “dos gobiernos, el poder económico y el poder mediático” con el objetivo de destruir el estado de derecho nacional.
El contexto jurídico detrás de la denuncia
La acción se inscribe tras la decisión unánime de la Corte Suprema argentina, que el 10 de junio confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Kirchner en la causa Vialidad. Esta inhabilitación la deja fuera del universo electoral, junto a un pedido formal de arresto, que ya se cumplió mediante detención domiciliaria.
En paralelo, su defensa legal presentó recursos ante organismos internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Penal Internacional de La Haya, pidiendo revisión del fallo argentino bajo el argumento de arbitrariedad judicial.
Apoyos y ecos en la región
Desde el Grupo de Puebla y sectores del progresismo latinoamericano se replicó el apoyo a CFK, denunciando una utilización del sistema judicial como herramienta política. En distintos países como Ecuador, Brasil, Bolivia y México ya surgen comités de respaldo bajo la campaña “Cristina Libre”. Los organizadores aseguran que el caso representa un riesgo para la democracia en la región.
Estrategia política vs condena legal
La movida internacional de Cristina está pensada como respuesta política urgente a su condicionamiento judicial. Al evocarse el modelo de Lula da Silva, la acción mezcla simbolismo político con presión diplomática. Funcionarios del PJ y aliados repiten que su proscripción supera lo jurídico: es un atentado al derecho electoral del pueblo argentino.
La campaña internacional lanzada por Cristina Kirchner marca una escalada diplomática del conflicto tras la confirmación de su condena. El envío de emisarios y el documento de denuncia se traducen en una estrategia de visibilización global, intentando consolidar apoyo ante organismos de derechos humanos y líderes regionales. En juego, el límite entre justicia y proscripción política que, según su entorno, amenaza las bases del sistema democrático argentino.
