Argentina pide, el FMI presta, se incumplen las condiciones, se renegocia, se vuelve a prestar. El ciclo se repite. No es ayuda. No es cooperación. Es una estafa. Una estafa técnica, política y moral sostenida por funcionarios locales que repiten el libreto del endeudamiento eterno, y por un organismo internacional que simula control mientras legitima el saqueo.
Desde hace décadas, el FMI otorga créditos a la Argentina sabiendo que no se van a cumplir las condiciones pactadas. Sabe que no se controlará el destino de los fondos. Sabe que el Congreso será bypassado o silenciado. Sabe que el dinero no financiará desarrollo, sino fuga de capitales, ajustes salvajes y reformas que destruyen la vida de millones. Lo sabe. Y sin embargo, lo repite.
En 2018, bajo el gobierno de Mauricio Macri, se firmó el acuerdo stand-by más grande de la historia del FMI: 57 mil millones de dólares entregados sin auditorías, sin autorización legislativa y sin cumplir los requisitos del propio estatuto del Fondo. El dinero se fugó en menos de un año. La deuda creció, la economía colapsó, y el país incumplió todas las metas. No hubo sanciones. No hubo consecuencias. Hubo más plata.
En 2022, el gobierno de Alberto Fernández renegoció ese crédito en términos que, lejos de cuestionar su legitimidad, lo blanquearon y lo extendieron. Se mantuvo la lógica: más ajustes, más condicionamientos, menos margen de decisión nacional.
Y en 2025, con Javier Milei ya acomodado en el poder, la historia se repitió con mayor crudeza. Luis Caputo —el mismo operador del endeudamiento con Macri— nuevamente como ministro de Economía firmó un nuevo acuerdo con el FMI. Esta vez por 20 mil millones de dólares. Se fijaron metas fiscales y financieras. Se acordó profundizar el plan de ajuste que se viene aplicando, el más severo en la historia del país. Pero, a los pocos meses de firmado el documento, las metas una vez más empezaron a incumplirse.
La más evidente: la acumulación de reservas netas en el Banco Central. Para junio de 2025, Argentina debía alcanzar los 500 millones de dólares positivos. Tenía más de 4.000 millones negativos. Y sin embargo, el 31 de julio, el Fondo aprobó un nuevo desembolso de 2.000 millones, redujo los objetivos de reservas, y postergó la próxima revisión clave para después de las elecciones.
¿Qué clase de prestamista es el que sigue entregando dinero a un deudor que incumple una y otra vez? ¿Qué tipo de acuerdo es ese en el que el acreedor perdona, relaja y reprograma sin exigir responsabilidades, ni técnicas, ni políticas?
Lo que ocurre no es un error, ni una anomalía, ni una excepción. Es un sistema. Un mecanismo de complicidad entre tecnócratas internacionales y funcionarios argentinos que operan como gestores de deuda, no como defensores del interés público. El FMI presta no porque confíe en el país, sino porque le sirve sostener gobiernos que aplican las reformas que el mercado exige: ajuste fiscal, desregulación, apertura, privatización encubierta, precarización laboral. Y los funcionarios locales firman porque eso les da aire político, respaldo externo y una salida transitoria para un modelo económico que nunca cierra.
El resultado es siempre el mismo: se toma deuda para pagar deuda, se ajusta para cumplir metas inalcanzables, se incumple, se reprograma, y se vuelve a endeudar. La población paga la cuenta con desempleo, inflación, caída del salario, hambre y pérdida de derechos. Y los responsables —tanto en Buenos Aires como en Washington— siguen sus carreras sin responder ante nadie.
Por eso no se trata de dominación. Se trata de una estafa institucionalizada. Y como toda estafa, necesita dos partes: el estafador y el cómplice. El FMI actúa como si ignorara lo que ocurre con los fondos que entrega. Los gobiernos argentinos actúan como si no supieran que no podrán cumplir. Ambos se sostienen mutuamente, mientras la ciudadanía soporta los costos.
La deuda con el Fondo no es solo impagable. Es ilegítima. No resuelve los problemas estructurales del país: los agrava. No estabiliza: destruye. No integra: subordina. Y quienes la firman —como Caputo, Sturzenegger, Dujovne, Macri, Milei— no lo hacen por ignorancia. Lo hacen porque así funciona el poder que defienden.
La única salida es romper ese pacto de silencio. Auditar la deuda. Investigar responsabilidades. Denunciar los mecanismos que permiten este fraude cíclico. Y construir una política económica que deje de pedir permiso para existir.
Porque si vos dejás de pagar tu hipoteca, el banco te ejecuta. Pero si sos Argentina, podés incumplir todas las condiciones, pedir más dinero, y seguir firmando acuerdos. No porque seas confiable, sino porque sos funcional a un sistema perverso. Esa no es una relación financiera. Es una estafa.
