La reciente emisión del Bonte30 por US$1000 millones a una tasa del 29,5% anual plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del endeudamiento y la dependencia de capitales especulativos en la estrategia económica del Gobierno.
El Gobierno argentino, bajo la presidencia de Javier Milei, logró captar US$1000 millones mediante la emisión del bono Bonte30, dirigido exclusivamente a inversores internacionales. Este instrumento, con vencimiento a cinco años y pagadero en pesos, ofrece una tasa de interés nominal anual del 29,5%, superando las expectativas previas del mercado, que estimaban entre un 24% y 27% .
La emisión se realizó en un contexto donde Argentina busca recomponer sus reservas internacionales y cumplir con metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, la elevada tasa pactada refleja el alto riesgo percibido por los inversores y plantea dudas sobre la viabilidad de sostener este tipo de financiamiento en el mediano plazo.
Además, se destaca que el tipo de cambio reconocido a los inversores extranjeros fue de $1148 por dólar, mientras que a los exportadores locales se les paga un valor inferior, generando una brecha que podría considerarse discriminatoria y que podría tener implicancias en la competitividad del sector productivo nacional .
La estrategia de recurrir a deuda en condiciones onerosas para obtener liquidez inmediata podría comprometer la estabilidad financiera futura del país, especialmente si se considera la necesidad de refinanciar vencimientos y la posibilidad de enfrentar nuevas crisis de deuda.
En este escenario, resulta crucial evaluar si la política de endeudamiento adoptada por el Gobierno constituye una solución efectiva o si, por el contrario, podría agravar los problemas estructurales de la economía argentina.
