El gremio presiona con medidas de fuerza en la cuenca de Vaca Muerta, donde la proveedora de arena NRG Argentina, en concurso preventivo, acumula una deuda millonaria con sus trabajadores. La disputa se centra en la forma de pago, con las operadoras proponiendo una vía judicial y la empresa exigiendo el pago directo, pese a tener sus cuentas embargadas.
El Sindicato de Camioneros de Río Negro ha intensificado el conflicto que afecta a la cuenca de Vaca Muerta. La organización gremial amenaza con bloquear los accesos a los yacimientos en reclamo por los salarios, aguinaldos e indemnizaciones adeudadas a sus trabajadores por parte de la empresa NRG Argentina.
La compañía, que se dedica al suministro de arena para el fracking, se encuentra en un complejo concurso preventivo, con pasivos que superan los $700.000 millones. Este proceso ha generado un estancamiento en las negociaciones para saldar la deuda laboral.
La principal traba se encuentra en la forma en que se deben transferir los fondos. Empresas operadoras como TotalEnergies y Tecpetrol —que tienen deudas con NRG— han propuesto depositar el dinero en una cuenta concursal administrada por la Justicia. Esta es la vía legal para garantizar que los pagos lleguen a los trabajadores en un proceso judicial de este tipo. Sin embargo, NRG exige que los fondos sean transferidos directamente a sus cuentas, a pesar de que se encuentran embargadas.
El conflicto, que viene escalando desde fines de 2024 y ha provocado más de 640 despidos, ha llevado al gremio a realizar protestas con cortes y retención de servicios en la región. Si bien un acuerdo provisorio el 2 de agosto frenó temporalmente las medidas de fuerza, el sindicato mantiene la cautela y advierte que las acciones se retomarán si no se concreta el pago. “Se trata, según el gremio, de un gesto de buena voluntad, aunque con cautela frente a resultados aún inciertos”.
La postura del gremio es clara al responsabilizar también a las petroleras. “Desde el gremio se denuncia que la justicia operativa del conflicto laboral fue reemplazada por audiencias vacías e incumplimientos”, y apuntan a las operadoras como responsables solidarias según el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
