El Juzgado Comercial Nº 23 dispuso el cierre definitivo de la petrolera británica. Trabajadores y autoridades aguardan definiciones sobre las concesiones y la continuidad laboral.
El Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 23, con competencia federal, declaró este 12 de agosto la quiebra de President Petroleum S.A., la empresa de capitales británicos que operaba áreas en Río Negro y Salta. La medida fue tomada tras el pedido de la propia compañía, que no logró revertir una delicada situación financiera y operativa.
La firma acumulaba deudas por más de 56 millones de dólares, con un pasivo de corto plazo que superaba los 4,5 millones. En 2024 su producción cayó un 20 % hasta los 1.116 barriles equivalentes diarios, mientras que el flujo de caja libre cerró en terreno negativo.
Entre las causas que precipitaron la decisión se encuentran fallas técnicas en pozos clave —como Puesto Flores y Estancia Vieja—, cortes prolongados de electricidad, caída de precios del crudo en las cuencas donde operaba y el cierre de la refinería Refinor en Salta, que obligó a vender con fuertes descuentos y asumir mayores costos logísticos. Además, la provincia de Río Negro ya había anticipado que no renovaría la concesión de Puesto Flores más allá de 2027.
En mayo de este año, la pyme neuquina Brava Soluciones Oil & Gas había asumido la operación de Puesto Flores/Estancia Vieja, Las Bases y Puesto Prado, con un contrato inicial de tres años. El acuerdo incluía el mantenimiento de la plantilla laboral y la preservación de la infraestructura. Sin embargo, la quiebra declarada deja en suspenso la continuidad del contrato.
La sindicatura designada deberá informar en 24 horas si las tareas de explotación continuarán y presentar un informe detallado en un plazo de 20 días. Mientras tanto, Brava Soluciones mantiene conversaciones con autoridades provinciales y sindicatos para garantizar la estabilidad laboral y la continuidad operativa.
La incertidumbre golpea a decenas de trabajadores, tanto los vinculados directamente a President Petroleum como los contratados por Brava Soluciones. El proceso judicial definirá si se cubren las deudas salariales y si es posible evitar despidos masivos.
El futuro de las áreas ahora dependerá de las decisiones judiciales y de la intervención de los gobiernos provinciales, que deberán resolver si mantienen la explotación con nuevos operadores o si las concesiones retornan al Estado.
