Contraste entre pericias técnicas, defensa y Fiscalía; el lunes 18 serán los alegatos finales
El juicio oral contra dos responsables jerárquicos de la pesquera Conarpesa —la responsable ambiental Nadine Parry y el encargado de la planta de tratamiento de efluentes, Brahim Yoosef Vargas— está entrando en su etapa decisiva: el próximo lunes 18 de agosto se llevarán a cabo los alegatos finales, tras una inspección ocular realizada este jueves en la planta, según confirmaron fuentes judiciales.
La inspección, pedida por la defensa, comenzó a las 10:30 y fue encabezada por la jueza Patricia Reyes, acompañada por el fiscal jefe Alex Williams, la fiscal Florencia Bianchi, el arquitecto perito Daniel Blanchet, los imputados, sus defensores y personal técnico. Durante alrededor de una hora, recorrieron distintos sectores de la planta pesquera como parte de la presentación de pruebas de la defensa.
El eje del juicio se centra en el episodio de 2023, cuando, según la Fiscalía, Conarpesa utilizó una cañería clandestina tipo “by-pass” para devolver líquidos del procesamiento de langostino al mar sin tratamiento previo. Diversos análisis técnicos revelaron niveles de contaminación inéditos: sólidos suspendidos 21 veces por encima del límite, DBO 60 veces mayor, amonio 25 veces más y E. coli hasta 2.700 veces por encima del máximo permitido.
Además de los resultados técnicos, la Fiscalía presentó chats internos que, según la acusación, demostrarían que los imputados fueron conscientes de los vertidos ilegales. Uno de ellos advertía: “no podemos derivar más al pay pass”.
Por su parte, la defensa sostuvo que la fuente de contaminación no provino de Conarpesa, sino del sistema cloacal del parque industrial. Aportaron pericias para demostrar que la empresa recircula los efluentes y que el líquido descargado es inofensivo, parte del tratamiento estándar; además, negaron la existencia del bypass, calificándolo como un “invento”.
Tras los alegatos del lunes, la jueza Reyes tendrá un plazo de 10 días hábiles para emitir su sentencia. El fallo será clave, tanto por su impacto ambiental como por las implicancias judiciales para la actividad pesquera regional.
