La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York aceptó apelar sin que el Estado argentino deba entregar el 51 % de las acciones de YPF, ordenadas previamente por la jueza Loretta Preska como parte del juicio por la expropiación de 2012. La resolución retrasa una transferencia que amenazaba con desestabilizar la gestión del presidente Javier Milei.
En una decisión que otorga un respiro al Gobierno argentino, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió que el país podrá continuar con el proceso judicial sin tener que entregar las acciones de YPF que la jueza Loretta Preska había ordenado transferir en junio pasado.
El origen del litigio se remonta a 2015, cuando las firmas Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital iniciaron una demanda en Estados Unidos contra el Estado argentino por la expropiación de YPF realizada en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los demandantes reclamaron que no se les ofreció una compensación en los términos establecidos en el estatuto de la petrolera.
En septiembre de 2023, Preska falló en favor de los demandantes y fijó una indemnización de 16.100 millones de dólares. Como parte del cumplimiento del fallo, a fines de junio de 2025 dispuso la entrega del 51 % de las acciones de YPF a través del Bank of New York Mellon. Esa orden, de cumplirse, hubiera significado un cambio drástico en la conducción de la empresa estatal.
La intervención de la Cámara de Apelaciones suspendió la medida. El tribunal estableció un cronograma para que las partes presenten sus argumentos y será un panel de tres jueces el que defina la continuidad de la suspensión. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos respaldó la posición argentina como “amicus curiae”, advirtiendo sobre las consecuencias legales y diplomáticas de ejecutar la transferencia de acciones estatales.
El fallo representa un alivio político y económico para la Casa Rosada. Especialistas advertían que la pérdida del control accionario de YPF podía desestabilizar al gobierno de Milei, complicar la estrategia de desarrollo de Vaca Muerta y afectar los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. La petrolera, pieza central del sector energético, registró ganancias por más de 2.400 millones de dólares en 2024 y lidera la producción de hidrocarburos no convencionales en la región.
El panorama sigue abierto. La apelación continúa y se espera que el proceso se extienda varios meses. El Gobierno argentino insiste en que, de confirmarse la condena, será el Estado el que deba responder con sus activos, y no la compañía.
Por ahora, la resolución de la Cámara mantiene a salvo el control de YPF y concede tiempo extra a la estrategia judicial del país, en un caso que combina intereses económicos, soberanía energética y tensiones políticas de alto impacto.
