Los jubilados que cobran la mínima continúan perdiendo capacidad para cubrir sus necesidades básicas. Respecto a julio de 2023, la caída real llega al 13,1 %. En abril de 2025, la jubilación mínima con bono apenas alcanzó para cubrir una fracción de la canasta de medicamentos. Las iniciativas legislativas que buscaban revertir el deterioro fueron sistemáticamente rechazadas por el gobierno de Javier Milei, que prioriza el superávit fiscal. Mientras tanto, las protestas de los adultos mayores se intensifican frente al Congreso y se consolidan como símbolo de resistencia social.
Un deterioro constante
La situación de los jubilados en la Argentina se ha convertido en una de las problemáticas más delicadas y sensibles de la coyuntura económica. Según datos de organismos oficiales y privados, en los últimos doce meses las jubilaciones mínimas registraron una pérdida real del 13,1 % respecto de julio de 2023. El retroceso no es un hecho aislado, sino la continuación de un proceso acumulativo que ya lleva varios años.
En marzo de este año, el haber mínimo —incluido el bono extraordinario— alcanzaba los 349.121 pesos. Sin embargo, medido en términos reales, esa cifra equivalía a un 5,4 % menos de poder de compra que en febrero. A ello se suma el golpe más fuerte: el costo de los medicamentos, que entre junio de 2023 y abril de 2025 subió muy por encima de la inflación general, con una pérdida de 40,9 puntos porcentuales en la capacidad adquisitiva de los jubilados. En la práctica, lo que antes se compraba con diez cajas de remedios hoy apenas alcanza para seis.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y diversos centros de estudios han señalado que los haberes mínimos están muy por debajo del costo de vida. Si se toma la canasta básica, que aumentó más de 260 % en el último año, las jubilaciones se encuentran entre 26 y 46 % por debajo de lo necesario para no caer en la pobreza.
Reformas, vetos y el debate político
En este contexto, el debate previsional ocupó un lugar central en la agenda pública. El Congreso, dominado por la oposición, aprobó en distintas oportunidades proyectos de ley para mejorar los haberes jubilatorios y establecer nuevas fórmulas de actualización ligadas a la inflación. Sin embargo, el presidente Javier Milei vetó todas esas iniciativas.
En agosto de 2024, el gobierno rechazó un incremento adicional que preveía una suba de más del 8 % y un esquema de movilidad más dinámico. Un año más tarde, en agosto de 2025, volvió a vetar una ley que otorgaba un aumento del 7,2 % a jubilados y personas con discapacidad. El argumento oficial fue que tales medidas ponían en riesgo el superávit fiscal, considerado por el Ejecutivo como el pilar de su plan económico.
Este enfrentamiento abrió un dilema más profundo: ¿se trata de un debate puramente fiscal o de una decisión ideológica que prioriza la disciplina de las cuentas públicas por sobre los derechos sociales? Para economistas críticos, el recorte previsional constituye un “ajuste estructural” que traslada los costos de la consolidación fiscal a los sectores más vulnerables.
Los jubilados como símbolo de resistencia
Ante este panorama, los jubilados se convirtieron en protagonistas de una movilización creciente. Cada miércoles se congregan frente al Congreso, reclamando haberes dignos, acceso a medicamentos gratuitos y cobertura plena de salud. Estas protestas, que en un inicio eran reducidas, ganaron fuerza a medida que la crisis se profundizó.
La resistencia jubilada no se limita a la visibilización en las calles: también expresa un reclamo histórico que recuerda las luchas por la movilidad y la dignidad previsional de décadas pasadas. En la actualidad, las marchas han logrado articularse con sindicatos, organizaciones sociales y trabajadores estatales, generando una coalición social inesperada. Para el oficialismo, este frente opositor representa un desafío político de alto costo en el marco de un año electoral.
Los organismos de derechos humanos también se hicieron eco de la situación. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertaron sobre la vulneración de derechos básicos de los adultos mayores, en especial en materia de vivienda y salud. Ambos organismos solicitaron informes formales al Estado argentino y advirtieron que el recorte previsional puede constituir una violación de compromisos internacionales en materia de derechos sociales.
Beneficiados y perdedores en el modelo económico
Mientras los jubilados denuncian la pérdida de su poder adquisitivo, otros sectores celebran ganancias extraordinarias. Las empresas energéticas y financieras, en particular aquellas ligadas a Vaca Muerta y al sistema bancario, se beneficiaron con la apertura de inversiones, la desregulación de tarifas y el blanqueo de capitales.
El contraste entre ganadores y perdedores del modelo es evidente: mientras los jubilados deben elegir entre pagar remedios o alimentos, las empresas exportadoras registran márgenes de rentabilidad récord. Este esquema refuerza la percepción de que el ajuste recae de manera desproporcionada sobre los más débiles, al tiempo que concentra beneficios en actores económicos de gran poder.
Lo que está en juego
Más allá de la coyuntura, la crisis previsional expone un dilema de fondo: el modelo de desarrollo y de justicia social que se pretende para el país. El recorte en las jubilaciones mínimas no solo compromete la subsistencia inmediata de millones de adultos mayores, sino que también agrava la inequidad intergeneracional y erosiona la confianza en el sistema previsional.
Si los trabajadores activos perciben que sus aportes no garantizan una vejez digna, el propio sistema pierde legitimidad. A la vez, el deterioro previsional amenaza con desatar un círculo de mayor pobreza estructural, ya que los jubilados cumplen un rol clave en el sostenimiento de las economías familiares. En muchos hogares, sus ingresos constituyen el único sostén frente al desempleo o la precarización laboral.
El costo político de este escenario no es menor. Las encuestas reflejan que el tema previsional es uno de los que más preocupa a la sociedad argentina. A medida que se acercan las elecciones legislativas de octubre de 2025, el gobierno enfrenta el riesgo de un desgaste acelerado si no ofrece respuestas.
Entre julio de 2023 y julio de 2025, las jubilaciones mínimas en Argentina perdieron más del 13 % de su valor real. En el terreno más sensible, el de los medicamentos, la caída supera los 40 puntos. Frente a este retroceso, las iniciativas legislativas de mejora fueron bloqueadas por el Ejecutivo, que privilegia la disciplina fiscal por encima de la protección social.
La consecuencia es un escenario de creciente movilización de los jubilados, que se han convertido en el epicentro de la resistencia social. Su reclamo no solo interpela al gobierno actual, sino que también plantea un desafío estructural: cómo garantizar que, en un país con profundas desigualdades, los adultos mayores puedan transitar su vejez con dignidad.
