Por amplia mayoría, el Senado rechazó cuatro decretos delegados y un DNU que buscaban desmantelar organismos clave del Estado; los libertarios quedaron aislados, con apoyos mínimos y un horizonte político cada vez más estrecho.
El Senado de la Nación asestó un duro golpe político al Gobierno de Javier Milei al rechazar, por amplia mayoría, cinco decretos firmados por el Poder Ejecutivo y elaborados por el ministro Federico Sturzenegger. Se trató de cuatro decretos delegados y un DNU que proponían la disolución, reducción o reorganización de organismos estratégicos del Estado, como Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), diversos institutos culturales, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), además de la apertura del cabotaje a embarcaciones extranjeras en perjuicio de la marina mercante nacional. La derrota legislativa fue contundente: el oficialismo quedó prácticamente solo, acompañado apenas por algunos senadores del PRO, la radical Carolina Losada y escasas abstenciones que no modificaron la balanza. Con 60 votos contra 9 y dos abstenciones en el caso del decreto que reorganizaba INTA e INTI, y márgenes similares en el resto, la oposición mostró un frente unido que dejó a los libertarios sin margen de maniobra. Incluso aliados ocasionales, como el salteño Juan Carlos Pagotto, que en otras instancias había respaldado al Gobierno, se abstuvieron, consolidando la sensación de aislamiento que se extiende sobre el oficialismo en el Congreso.
El contenido de los decretos explica, en parte, la dureza de la reacción. El Decreto 462/25 proponía eliminar el Consejo Directivo del INTA, reemplazándolo por un Consejo Técnico bajo la órbita de un funcionario designado por el Ejecutivo, lo que erosionaba su histórica autonomía y la participación federal. El Decreto 345/25 convertía al Instituto Nacional del Teatro y al de la Música en simples “unidades organizativas” de la Secretaría de Cultura, absorbía al Instituto Eva Perón, al Sanmartiniano, al Yrigoyeneano y al Juan Manuel de Rosas, y directamente disolvía la Conabip y la Comisión Nacional de Monumentos, lo que fue interpretado como un ataque directo al acervo cultural y al sistema de bibliotecas populares. El Decreto 351/25 transformaba al Banco Nacional de Datos Genéticos en un organismo dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, lo que comprometía su autonomía y su rol central en la búsqueda de nietos apropiados durante la dictadura. El Decreto 461/25 disponía la disolución de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la CNRT, transfiriendo sus competencias a estructuras más difusas, con riesgo de pérdida de control federal y de capacidad técnica. Finalmente, el DNU 340/25 liberalizaba la marina mercante, permitiendo que barcos extranjeros realizaran cabotaje en aguas argentinas, con impacto directo en la industria naval, el empleo y las condiciones laborales. Todos fueron rechazados de manera categórica, en una jornada que quedará en la historia parlamentaria.
La reacción del Gobierno fue inmediata y en línea con su estilo confrontativo. El ministro Sturzenegger, presente en el foro del Council of the Americas, advirtió que esta era la primera vez que se derogaban decretos delegados, lo que situaba al país en un “territorio jurídico desconocido”. Para él, la decisión del Senado abría un escenario de incertidumbre institucional, aunque en los hechos reflejaba una respuesta clara al intento de gobernar por decretos. El presidente Javier Milei, fiel a su retórica beligerante, calificó lo ocurrido en el Congreso como un “espectáculo macabro”, insistiendo en que la oposición busca bloquear el camino de reformas que, en su visión, son indispensables para desregular la economía y reducir el Estado.
La lectura política es más profunda que un simple revés legislativo. La derrota de estos decretos revela que el oficialismo ha comenzado a perder los apoyos que le habían permitido avanzar en etapas anteriores. Parte de la UCR, sectores del PRO y bloques federales que en ocasiones habían acompañado, ahora se sumaron al rechazo. Esa erosión del respaldo legislativo anticipa un segundo tramo del mandato signado por la dificultad para impulsar transformaciones sin acuerdos más amplios. La oposición, por su parte, interpreta este triunfo como la ratificación de su rol institucional: poner límites a un plan de ajuste y desmantelamiento que consideran desproporcionado. Además, en paralelo a estas votaciones, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado avanza con un proyecto de ley para regular los DNU y decretos delegados, eliminando la herramienta del “silencio legislativo” que hoy permite que un decreto se active si el Congreso no se pronuncia. Este cambio busca evitar lo que califican como un “vaciamiento democrático” del debate parlamentario.
El impacto social también es significativo. Trabajadores del sector cultural, técnico e industrial celebraron la decisión, interpretándola como la defensa de instituciones históricas y de espacios de producción de conocimiento. En el caso del Banco Nacional de Datos Genéticos, organismos de derechos humanos habían alertado sobre el peligro de perder autonomía en una institución clave para la restitución de nietos apropiados. Sindicatos de la marina mercante ya habían judicializado el DNU de liberalización, denunciando la precarización de condiciones laborales. En el caso de Vialidad y la CNRT, los gremios del transporte advertían sobre la pérdida de capacidad de control y el riesgo de privatización encubierta.
El aislamiento político del Gobierno es cada vez más evidente. La narrativa del “todos contra nosotros” se ha convertido en el recurso discursivo principal, pero al mismo tiempo limita los márgenes de negociación. Con elecciones en octubre y encuestas que reflejan un creciente desgaste de la gestión, el oficialismo enfrenta el dilema de moderar su estrategia y buscar acuerdos o insistir en la confrontación abierta, con riesgo de quedar paralizado. La oposición, mientras tanto, ha encontrado en estas votaciones una muestra de fuerza que la cohesiona y le da proyección electoral. El rechazo a los decretos no solo sepulta un conjunto de medidas concretas, sino que también redefine el escenario político: a partir de ahora, ninguna reforma estructural podrá ser aplicada sin un mínimo de consenso parlamentario.
El episodio en el Senado no fue, entonces, una mera votación técnica. Fue un mensaje claro de la política argentina: los decretos no reemplazan al Congreso y el plan de motosierra no puede avanzar sin legitimidad institucional. El Gobierno de Milei, que había intentado gobernar por shock y por decreto, se enfrenta ahora a la realidad de una democracia que reclama debate, acuerdos y respeto por las instituciones. En ese contexto, la frase de Sturzenegger sobre el “territorio jurídico desconocido” puede leerse no solo como advertencia técnica, sino como la confirmación de que el Ejecutivo ha chocado con los límites de la política. El Senado ha marcado esos límites con contundencia, dejando al oficialismo más solo que nunca.
