Frente a una economía que encuentra sus bases en la estabilidad pero enfrenta grandes desafíos estructurales, el sector empresario urge al gobierno de Javier Milei a proyectar más allá del ajuste y consolidar un horizonte de crecimiento y recuperación social para el nuevo ciclo de su gestión.
A casi dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, la percepción generalizada entre empresarios, ejecutivos y referentes económicos que participaron de la reciente conferencia del Council of the Americas en Buenos Aires es contundente: “el año económico ya está jugado”. Con esta frase buscan sintetizar una idea central: lo que podía hacerse en términos de estabilización y ajuste ya se hizo, con resultados visibles pero también con costos sociales y productivos ineludibles. El gran desafío, insisten, es dejar de concentrarse exclusivamente en la administración de la crisis heredada y comenzar a sentar las bases del ciclo que viene, el verdadero “partido” que se jugará en 2026, año electoral decisivo para el futuro de este experimento libertario.
Los datos objetivos muestran una paradoja. Por un lado, la administración de Milei consiguió lo que parecía imposible en un país habituado a la inestabilidad crónica: la inflación, aunque todavía en niveles altos, descendió drásticamente respecto del 211 % anual con que cerró el gobierno anterior. En 2024 el índice se ubicó en 117,8 %, un alivio relativo para una sociedad exhausta de la licuadora inflacionaria, aunque todavía lejos de estándares aceptables para la vida cotidiana y la planificación empresarial. Al mismo tiempo, el déficit primario se transformó en superávit financiero, alcanzando un modesto pero simbólico 0,3 % del PBI. Esos números le dieron aire al gobierno y marcaron un quiebre con décadas de desmanejo fiscal.
Sin embargo, detrás de esos logros macro se esconde un cuadro social preocupante. La pobreza trepó a 52,9 % en los primeros meses del ajuste, con caídas abruptas del poder adquisitivo, cierres masivos de pequeñas y medianas empresas y contracción de ramas enteras como la construcción, el comercio minorista y la industria manufacturera, con descensos de hasta 26 % interanual. El ajuste estabilizó, pero no reactivó. Para muchos analistas, la estabilidad sin crecimiento es un puente frágil: sin generación de empleo formal, sin repunte del mercado interno y sin señales claras de inclusión, el capital político que sostiene al gobierno podría erosionarse con rapidez.
Los empresarios lo dicen sin eufemismos: la primera fase de la motosierra cumplió su función, ahora viene el momento de la “agenda positiva”. Durante la conferencia del Council of the Americas, ejecutivos de firmas locales e internacionales remarcaron la necesidad de acelerar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), considerado la herramienta clave para atraer capitales en sectores estratégicos como energía, minería y agroindustria. Pero también subrayaron un punto más amplio: sin un marco de previsibilidad jurídica, una narrativa de integración internacional consistente y un clima político más estable, esos capitales podrían no llegar o hacerlo en menor medida de lo necesario.
La advertencia de Gustavo Grobocopatel, referente histórico del agro, fue lapidaria: “Ayudemos a Milei… y luego que venga un presidente que nos guste más”. El empresario sojero no oculta simpatía por el proceso de reformas —que considera un “service” imprescindible para un país con las piezas gastadas—, pero advierte que el modelo no puede quedarse en la quita de retenciones o en el ajuste fiscal. Debe traducirse en un nuevo ciclo de industrialización, innovación y agregado de valor, o de lo contrario se repetirá el clásico péndulo argentino: un shock de austeridad seguido de un rebote populista que anula lo conseguido.
Este dilema se refleja también en la política. El gobierno de Milei convive con un Congreso adverso, donde el kirchnerismo y otras fuerzas lograron avanzar con iniciativas que elevan el gasto, como fondos especiales para universidades y programas de inclusión social. El presidente respondió con dureza: denunció que la agenda opositora busca “quebrar al Estado nacional” para forzar el regreso de un modelo prebendario. Cristina Fernández de Kirchner, por su parte, aprovechó para lanzar su propia definición: el problema no es si el Estado está “presente” o “ausente”, sino que debe transformarse en un Estado “eficiente”, en clara alusión a la contradicción que atraviesa al peronismo entre su tradición estatista y la necesidad de adaptarse a un mundo distinto.
La pregunta central que flota es qué se juega en 2026. Para muchos empresarios y analistas, ese año definirá si el experimento libertario se consolida o se archiva como un episodio más en la larga saga de frustraciones argentinas. La consolidación requerirá mostrar resultados visibles en tres dimensiones. La primera, la institucional: sostener el superávit y la independencia del Banco Central frente a presiones políticas será clave para afianzar la credibilidad. La segunda, la social: revertir la caída del consumo, generar empleo y contener la pobreza son urgencias que no admiten más dilaciones. La tercera, la internacional: Milei apostó fuerte a un alineamiento con Estados Unidos e Israel, renunció al ingreso a los BRICS y abrió conversaciones con la OCDE, pero todavía resta definir cómo se insertará Argentina en cadenas globales de valor en un contexto geopolítico marcado por la rivalidad entre potencias.
El panorama sectorial es contrastante. Mientras la industria automotriz y la construcción sufrieron parates históricos, el agro y la minería viven un boom particular. Vaca Muerta y los proyectos de litio crecieron hasta un 100 % en 2024, posicionando al país en un mapa energético global estratégico. El desafío es aprovechar ese viento de cola sin repetir errores pasados de primarización. El empresariado reclama, además, una política clara de infraestructura y financiamiento: sin puertos modernos, rutas y ferrocarriles competitivos, el potencial exportador quedará limitado.
En este escenario, los empresarios piden al gobierno que deje de administrar la emergencia y empiece a diseñar el futuro. La metáfora deportiva usada en la conferencia —“el año económico está jugado, ahora hay que pensar cómo se juega el partido de 2026”— sintetiza un reclamo de previsibilidad. Se trata de articular una visión de país capaz de proyectar más allá del ajuste, una narrativa de crecimiento inclusivo que sume consensos políticos y sociales. De lo contrario, Milei podría repetir la historia de otros presidentes que lograron estabilizar sin construir futuro, y terminaron siendo puente hacia su propia derrota.
El oficialismo, por su parte, insiste en que no hay margen para gradualismos ni concesiones. Milei lo repite en cada discurso: el país estaba al borde del colapso, y sólo una cirugía de emergencia podía salvarlo. El superávit es la “madre de todas las batallas” y la disciplina fiscal no se negocia. Sus funcionarios sostienen que el rebote productivo llegará en 2025, cuando los desequilibrios dejen de condicionar y empiecen a sentirse los beneficios de la inversión externa. La gran incógnita es si la sociedad podrá esperar sin estallar y si el capital político del presidente resistirá la prueba del desgaste.
Lo cierto es que el partido de 2026 ya empezó a jugarse hoy. En la cancha están el empresariado, que pide previsibilidad; la oposición, que busca capitalizar el costo social del ajuste; los mercados internacionales, atentos a cada señal de consistencia; y, sobre todo, una ciudadanía que necesita respuestas concretas más allá de los números fiscales. Si la estabilización se traduce en crecimiento y empleo, Milei podrá presentarse como el líder que cambió el rumbo de la historia argentina. Si no lo logra, el péndulo volverá a girar, una vez más.
