El ministro de Defensa, Luis Petri, vinculó su cartera y el IOSFA con la droguería Suizo Argentina S.A., objeto de una investigación por supuestos pagos ilegales en licitaciones públicas. La alianza, revelada en audios y auditorías financieras, agrava el escenario de sospechas de corrupción que sacuden al gobierno de Milei.
El ministro de Defensa, Luis Petri, quedó en el centro de un escándalo político y judicial tras confirmarse que el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), dependiente de su cartera, suscribió contratos millonarios con la droguería Suizo Argentina S.A., empresa que está bajo la lupa por su presunta participación en un esquema de coimas. La compañía, perteneciente a la familia Kovalivker, aparece mencionada en múltiples denuncias sobre prácticas corruptas para asegurarse la provisión de medicamentos e insumos a organismos públicos. Una de las adquisiciones señaladas corresponde a guantes de cirugía destinados al Hospital Naval Pedro Mallo por un monto de 105 millones de pesos, mientras que otras firmas participantes, como Ceos Médica S.A., no superaron los tres millones en adjudicaciones. A este cuadro se suman trámites en curso por 133 millones en soluciones fisiológicas y Ringer lactato y un acuerdo por 469 millones de pesos en medicamentos de alto costo, incluyendo inmunosupresores, anticoagulantes y antitumorales. La magnitud de las cifras contrasta con versiones que hablaban de desembolsos semestrales de 25.000 millones de pesos, montos que diversos informes calificaron de inexactos, aunque igual de preocupantes por la concentración en un único proveedor. El contexto se vuelve aún más grave por la filtración de audios atribuidos al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se describe con detalle un mecanismo de recaudación ilícita que, según sus dichos, beneficiaba directamente a la hermana del presidente, Karina Milei. En esas grabaciones se habla de un “8 % de coima” exigido a proveedores, del cual un 3 % llegaba a la secretaria general de la Presidencia, mientras que un 1 % se destinaba a gastos operativos. El cálculo realizado por el propio funcionario estimaba ingresos ilegales de entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales. En los mismos audios también se mencionan contactos con los hijos de Carlos Menem, lo que añade un condimento de connivencia política y familiar que enreda aún más la trama. Spagnuolo asegura tener mensajes de WhatsApp con Karina Milei y haber conversado sobre estas cuestiones con el propio presidente, lo que refuerza la sospecha de que se trataba de una operatoria organizada y no de un hecho aislado. Desde el oficialismo se barajan hipótesis de “fuego amigo” para explicar la filtración, señalando a sectores internos del propio gobierno que podrían haber soltado el material con fines políticos. La repercusión mediática y social del caso es inmediata y explosiva. El discurso anticorrupción que había erigido Javier Milei como uno de los pilares de su campaña y gestión se ve seriamente golpeado al conocerse que funcionarios de su círculo cercano y familiares directos aparecen involucrados en denuncias de corrupción vinculadas a compras públicas sensibles como medicamentos y tratamientos de alto costo. A nivel institucional, la Justicia federal ya inició allanamientos en oficinas de la ANDIS, de Suizo Argentina y de domicilios particulares vinculados a la investigación, bajo figuras como cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita. El futuro judicial del caso podría marcar un punto de quiebre en la relación entre el Ejecutivo y el sistema de control institucional. En el plano político, Petri enfrenta un dilema mayúsculo: defender la legitimidad de los contratos firmados por el IOSFA o reconocer la vulnerabilidad que implica haber favorecido a un proveedor tan cuestionado. En cualquier caso, su imagen pública queda dañada, y su rol como posible figura con proyección nacional dentro del esquema libertario corre peligro de quedar sepultado bajo sospechas. El escándalo también afecta a la obra social de las Fuerzas Armadas, una institución que debería estar a resguardo de sospechas y que ahora aparece comprometida en maniobras opacas que deterioran la confianza de sus afiliados y del conjunto de la sociedad. El caso tiene implicancias más amplias: muestra un Estado debilitado en sus sistemas de control, con órganos de salud pública y de atención a sectores vulnerables convertidos en territorios de disputa para redes clientelares. La supuesta participación de Karina Milei y el señalamiento de vínculos con el clan Menem proyectan una sombra sobre la transparencia del gobierno y generan un costo político que trasciende al Ministerio de Defensa. A nivel social, en un contexto de inflación persistente, salarios deprimidos y crisis sanitaria, la noticia de que se estarían desviando fondos millonarios para engrosar circuitos de corrupción genera indignación ciudadana y erosiona aún más la legitimidad del proyecto oficialista. El propio presidente, que había hecho de la ética pública una bandera frente a la “casta”, se ve ahora condicionado por las sospechas hacia su entorno más íntimo. De confirmarse judicialmente los hechos denunciados, se configurarían delitos de extrema gravedad y un esquema sistemático de recaudación ilícita dentro del Estado, con ramificaciones en el corazón mismo de la Presidencia. La credibilidad institucional, la estabilidad política y la gobernabilidad se verán puestas a prueba. Lo que en apariencia era una compra más de insumos hospitalarios amenaza con convertirse en un capítulo central de la historia política reciente, capaz de redefinir las coordenadas del gobierno libertario y condicionar su futuro inmediato.
