Las zonas francas de la provincia concentran la mira internacional mientras crece la crisis sanitaria que ya dejó casi un centenar de muertos y aviva el debate sobre control institucional.
La crisis del fentanilo clínico contaminado en Argentina escaló dramáticamente esta semana. A la confirmación de casi 96 fallecimientos y las recientes detenciones de empresarios y técnicos vinculados con HLB Pharma y Laboratorio Ramallo, se suma ahora una alarma internacional: la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos) incorporó a Tierra del Fuego como foco crítico en su último informe antinarcóticos. En su diagnóstico, el organismo cuestiona además a la Unidad de Información Financiera (UIF) por su debilidad operativa frente a las redes de lavado que podrían estar operando con esas zonas francas. Esta doble dimensión—sanitaria y estructural—autoriza una lectura más amplia sobre la tragedia y sus implicancias.
El escándalo comenzó con la detección, a finales de 2024 y primeros meses de 2025, de ampollas de fentanilo administrado en hospitales de diversas provincias que resultaron contaminadas con bacterias multirresistentes (Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii), encontradas tanto en los viales como en pacientes fallecidos . HLB Pharma y Laboratorios Ramallo fueron señalados como responsables de su producción y distribución, con más de 300.000 unidades afectadas, de las cuales aproximadamente 45.000 llegaron a pacientes antes del retiro del mercado .
La situación sanitaria se tornó crítica: hasta esta semana, la cifra oficial de muertos llegó a 96 personas confirmadas, con casos adicionales bajo investigación . En la última semana se elevaron los conteos judiciales: la Justicia identificó 11 nuevas víctimas, elevando la cantidad a al menos 87, y sugiere que el número podría superar el centenar conforme avancen los peritajes .
Judicialmente, el juez federal Ernesto Kreplak, quien lidera la causa desde mayo, ordenó en los últimos días la detención del empresario Ariel García Furfaro (titular de HLB Pharma) y de familiares directos —madre, abuela y hermanos—, junto a altos funcionarios de Laboratorios Ramallo y técnicos responsables . En paralelo, se aplicaron medidas como inhibición de bienes, prohibición de salida del país y allanamientos a domicilios y sedes empresarias .
En este escenario, emergió otra dimensión clave: la DEA incluyó por primera vez a Tierra del Fuego, específicamente sus zonas francas y áreas aduaneras especiales, dentro de sus principales “zonas críticas” susceptibles al tráfico de drogas y lavado de activos . El informe subraya que estas áreas “carecen de controles suficientes para prevenir el contrabando de grandes cantidades de efectivo y el tráfico de drogas”, agregando que vulnerabilidades estructurales como “liquidez económica elevada, economía informal, limitada supervisión financiera, inmobiliaria y del juego” agravan el problema .
Simultáneamente, la agencia estadounidense advierte que la UIF enfrenta severas limitaciones operativas, con recursos insuficientes, demoras judiciales recurrentes y una baja tasa de condenas, lo que dificulta la implementación efectiva de leyes contra el lavado .
Panorama institucional y lecciones
- Riesgo de infraestructuras financieras frágiles y desregulación: La inclusión de Tierra del Fuego no es accidental. Sus zonas francas pueden facilitar el ingreso no controlado de bienes o el blanqueo de dinero, y la DEA lo vincula explícitamente al despliegue del fentanilo contaminado .
- UIF en la mira: La crisis expone lagunas en los mecanismos de supervisión financiera punitoria. Si el organismo no cuenta con herramientas ágiles y eficaces, el rastro económico de estas operaciones podría desaparecer antes de llegar a instancias judiciales .
- Fallos sanitarios e institucionales argentinos: Aun cuando la ANMAT había detectado irregularidades críticas en estos laboratorios desde 2024, su inacción prolongada permitió que miles de ampollas contaminadas circularan con consecuencias mortales .
- Justicia bajo presión política: El gobierno de Javier Milei ejerció presión pública para que se aceleraran detenciones, lo que generó tensiones con la independencia judicial .
- Cooperación internacional urgente: La alerta de la DEA puede servir como catalizador para coordinar esfuerzos técnicos y legales en materia de control de fronteras, trazabilidad de sustancias sensibles y fortalecimiento de organismos como la UIF.
El escándalo del fentanilo contaminado en Argentina ya no es solo una tragedia sanitaria local. La involucración directa de una agencia como la DEA y el señalamiento de las zonas francas de Tierra del Fuego plantean interrogantes sobre el vínculo entre crisis médicas, ilegalidad sistémica y fragilidad regulatoria. Si bien resulta imperativo sancionar a los responsables, el desafío mayor es fortalecer la regulación sanitaria, los mecanismos judiciales y los controles financieros para evitar que semejantes grietas vuelvan a ser explotadas.
