La filtración de audios y una causa judicial sacuden al oficialismo: entre allanamientos, renuncias y erosión de imagen, el caso Spagnuolo se cobra un fuerte costo político en plena carrera electoral.
La revelación de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cayó como un verdadero balde de agua fría en las filas de La Libertad Avanza y trastocó la estrategia electoral bonaerense del oficialismo. Apenas unos días atrás, Diego Spagnuolo, entonces director del organismo, se mostraba activo en redes sociales burlándose de la llamada “tercera vía” opositora y destacando a La Libertad Avanza como símbolo de renovación política. Hoy, esa narrativa luce desgastada, desplazada por una crisis que amenaza con erosionar tanto la imagen presidencial como las aspiraciones electorales en la provincia de Buenos Aires, el distrito más populoso y estratégico del país.
La chispa que encendió la tormenta fue la filtración de audios atribuidos a Spagnuolo en los que, con crudeza y aparente desparpajo, vinculaba a su propio entorno y a figuras cercanas al oficialismo —incluyendo a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y al asesor Eduardo “Lule” Menem— con un esquema de sobornos ligado a la compra de medicamentos a través de laboratorios como Suizo Argentina. La revelación derivó en la inmediata intervención judicial: el juez federal Sebastián Casanello ordenó catorce allanamientos simultáneos en domicilios, oficinas y hasta propiedades de lujo, de donde se incautaron documentos, computadoras, teléfonos y dinero en efectivo. Spagnuolo fue apartado de su cargo de manera fulminante, mientras el Gobierno intentaba tomar distancia y deslizar que todo podía responder a una maniobra política destinada a dañar al oficialismo en plena campaña.
La reacción de Casa Rosada fue rápida pero defensiva. Voceros presidenciales remarcaron que no existía ninguna evidencia que implicara directamente al presidente Javier Milei y plantearon la posibilidad de que el propio Estado denunciara a Spagnuolo. No obstante, el daño político ya estaba consumado. La percepción pública, alimentada por las imágenes de los allanamientos, la multiplicación de titulares y la viralización de los audios, colocó al Gobierno en el centro de un escándalo de corrupción en un terreno particularmente sensible: el área de discapacidad, históricamente protegida de la disputa partidaria y cargada de un fuerte componente social.
El impacto en la opinión pública se reflejó con rapidez. De acuerdo con la consultora Ad Hoc, la negatividad digital hacia el presidente aumentó en siete puntos, acumulando más de medio año en terreno negativo. En redes sociales, donde Milei había construido buena parte de su capital político, se multiplicaron las críticas y memes que contrastaban su prédica contra la “casta” con la presunta participación de su propio círculo en manejos espurios. La contradicción entre discurso y práctica se convirtió en la munición más usada por la oposición y por ciudadanos desencantados.
En paralelo, el Congreso se convirtió en escenario de un efecto dominó. En apenas dos días, la Cámara de Diputados aprobó leyes clave, como el blindaje presupuestario en el área de discapacidad, y rechazó cinco decretos presidenciales. El bloque oficialista, que ya venía erosionado por las dificultades de imponer su agenda económica, quedó expuesto a una oposición revitalizada que logró articular un discurso unificado. Para varios legisladores, el caso Spagnuolo funcionó como catalizador: permitió mostrar que La Libertad Avanza no solo enfrentaba dificultades de gestión, sino también acusaciones de corrupción que golpeaban en el corazón de su relato político.
La provincia de Buenos Aires, epicentro de la batalla electoral, se volvió un terreno aún más adverso. Allí, donde Milei y el peronismo ya venían librando una campaña encarnizada, el escándalo introdujo un nuevo factor de incertidumbre. El oficialismo intentaba centrar la campaña en seguridad y reformas económicas, pero se encontró obligado a jugar a la defensiva, respondiendo a las acusaciones y buscando limitar el costo político. Analistas coinciden en que, aunque el núcleo duro del voto libertario difícilmente se disperse de inmediato, el escándalo erosiona la capacidad de atraer a los indecisos y puede reducir las chances en un distrito donde cada punto porcentual resulta decisivo.
El episodio también expuso las contradicciones estructurales de la coalición gobernante. Aunque LLA se presenta como adalid de la lucha contra el Estado y defensora de un modelo liberal radical, en la práctica ha dependido en gran medida de fondos públicos. En la última elección general, el 87,5% de su financiamiento provino del aporte estatal, un porcentaje mucho mayor que el de otras fuerzas políticas. Esa contradicción alimenta la narrativa de inconsistencia ideológica y ofrece a la oposición un flanco para cuestionar la autenticidad del proyecto libertario.
Más allá de la coyuntura, el caso abrió un debate más profundo sobre la crisis de representatividad política en la Argentina. Varios analistas advierten que el escándalo no solo compromete al oficialismo, sino que alimenta una desconfianza ciudadana cada vez más extendida hacia toda la dirigencia. En un contexto donde proliferan candidaturas testimoniales y estrategias de marketing electoral desprovistas de compromiso ético, la filtración de audios y el manejo opaco en un área tan sensible como la discapacidad se perciben como una confirmación de que la política sigue repitiendo viejos vicios bajo nuevos nombres.
El futuro inmediato de LLA en este escenario aparece cargado de interrogantes. Algunos vislumbran la posibilidad de que el oficialismo, acosado por la presión judicial y la ofensiva legislativa, intente cerrar filas y reforzar la centralidad presidencial. Otros temen que la crisis profundice divisiones internas, especialmente si se comprueba que figuras cercanas a Milei tuvieron alguna participación en los hechos denunciados. La eventual consolidación de la oposición en torno a una agenda común de defensa del Estado social y de los derechos, frente a un oficialismo golpeado por denuncias de corrupción, podría modificar sustancialmente el tablero electoral de cara a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.
En términos de escenarios posibles, se destacan cuatro. El primero es la presión política sostenida: con la investigación judicial en curso y los medios multiplicando la cobertura, el oficialismo deberá destinar cada vez más recursos a contener la crisis. El segundo es la erosión de la campaña: el escándalo limita la capacidad de instalar temas propios y obliga a responder a la agenda impuesta por adversarios y por la Justicia. El tercero es la fragmentación interna: aunque Milei mantiene la centralidad, la proximidad de su hermana y de sus principales asesores al caso introduce tensiones que podrían afectar la cohesión de la coalición. Finalmente, el cuarto escenario es la consolidación opositora: el peronismo y otras fuerzas podrían capitalizar la crisis para ampliar su base de apoyo, especialmente en distritos clave como el conurbano bonaerense.
El caso Spagnuolo, lejos de tratarse de un episodio aislado, sintetiza las tensiones entre discurso y práctica, entre la promesa de una política diferente y la repetición de lógicas tradicionales de corrupción y poder. Su impacto no se agota en la coyuntura: representa un golpe a la confianza en un proyecto que aún busca consolidarse y expone con crudeza las dificultades de sostener un relato de pureza ética cuando la realidad muestra lo contrario.
En definitiva, lo que debía ser una campaña centrada en reafirmar propuestas programáticas se convirtió en un frente defensivo. El oficialismo llega a la recta final hacia las elecciones bonaerenses no solo con el desafío de enfrentar a la oposición, sino también con el peso de un escándalo que amenaza con soplar en su contra y debilitar su aspiración de transformar la política argentina.
