La empresa estatal advirtió ante EANA y ANAC que el gremio de controladores impidió salidas autorizadas, incluyendo vuelos internacionales; las medidas de fuerza continuarán en próximos días con creciente impacto en toda la red aérea.
El viernes 22 de agosto de 2025, Aerolíneas Argentinas informó haber denunciado ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que la Asociación de Técnicos y Empleados de la Seguridad Aeroportuaria (ATEPSA) bloqueó la salida de nueve vuelos que contaban con autorización formal, incluidos dos vuelos internacionales. Es preciso destacar que, en al menos dos de esos vuelos, los pasajeros ya estaban a bordo, mientras que en otros se estaba llevando a cabo el embarque y el despacho de equipaje. Esta situación afectó directamente a más de 800 personas en esa etapa específica, elevando el total de damnificados a más de 12.000 usuarios en casi un centenar de vuelos. Según la denuncia de la empresa, la modalidad de protesta consistió en impedir despegues y transmisión de planes de vuelo, aunque permitiendo los aterrizajes. ATEPSA anunció que estas medidas se repetirán en los próximos días en franjas horarias determinadas: viernes 22 y domingo 24 de agosto, de 13 a 16 y de 19 a 22; martes 26 de agosto, de 7 a 10 y de 14 a 17; jueves 28, de 13 a 16; y sábado 30 de agosto, nuevamente de 13 a 16 y de 19 a 22. Se aclaró que los vuelos humanitarios, sanitarios, oficiales o en situación de emergencia quedan exceptuados de estas restricciones.
Durante la jornada del viernes, los datos oficiales señalaron que Aerolíneas Argentinas debió cancelar 44 vuelos y sufrió demoras en otros 59, lo que implicó perjuicios para más de 10.500 pasajeros. En la franja de 13 a 16 horas se cancelaron 28 vuelos con 3.100 pasajeros afectados y 43 vuelos demorados con otros 4.500 afectados, mientras que en la franja de 19 a 22 horas se cancelaron 16 vuelos (1.450 pasajeros) y se demoraron 16 vuelos más (1.500 pasajeros). Otras aerolíneas también sufrieron consecuencias: LATAM ofreció reprogramaciones sin costo adicional para vuelos desde y hacia Argentina; JetSMART implementó cambios gratuitos para volar hasta el 14 de septiembre de 2025 con solicitudes posibles hasta el 31 de agosto; y Flybondi canceló 10 vuelos, reprogramó más de 35 y reportó 7.000 pasajeros afectados, con el riesgo de nuevas demoras en los próximos días. El impacto no se limita al cabotaje, ya que varios vuelos regionales e internacionales también debieron ser alterados, afectando conexiones en el exterior.
Las medidas gremiales tienen raíz en un reclamo salarial insatisfecho: ATEPSA exige un 45% de aumento salarial, mientras denuncia haber sufrido diez meses de salarios congelados, la desarticulación de áreas operativas y falta de respuestas desde EANA, ANAC y la Subsecretaría de Transporte Aéreo. Desde el inicio del conflicto, a principios de julio, se dictó una conciliación obligatoria que no logró resolver la situación y las negociaciones permanecen estancadas. El gremio insiste en que el sector enfrenta un deterioro salarial y un vaciamiento de funciones, lo cual atenta contra la seguridad y la estabilidad laboral. El Gobierno, a través de EANA, acusó al sindicato de mantener un “conflicto permanente” con motivaciones políticas e ideológicas, a pesar de haber ofrecido una actualización salarial del 15% similar a la otorgada a otros sectores del sector público, propuesta rechazada por los controladores. Por su parte, la ANAC montó un operativo de fiscalización en todo el país para asegurar un mínimo del 45% de despegues durante las horas críticas, en base al convenio colectivo vigente, controlando torres de control, centros de control aéreo y servicios técnicos de mantenimiento de radares. No obstante, Aerolíneas denunció que aun fuera de las franjas de paro definidas, se impidió la salida de vuelos ya autorizados, lo que agrava la disputa.
El conflicto tiene múltiples consecuencias. Para los pasajeros, se traduce en incertidumbre elevada por cancelaciones sin aviso previo o embarques frustrados con equipaje despachado, generando caos operativo y emocional. También implica costos adicionales por estadías, transporte y alteraciones de itinerario, además de una creciente desconfianza hacia las herramientas de autogestión digital que, aunque disponibles, no logran compensar la frustración cuando el vuelo simplemente no despega. Para las aerolíneas, el impacto es económico y reputacional: se multiplican las pérdidas por reprogramaciones, logística extra y posible fuga de pasajeros frecuentes hacia compañías extranjeras. Además, reprogramar vuelos y reasignar tripulaciones es un desafío de enorme complejidad operativa. Para el sistema aéreo argentino, la crisis revela pérdida de eficacia institucional: la imposición gremial en horarios fuera de paro muestra debilidad de la autoridad reguladora, y se suma el riesgo de que otras organizaciones sindicales como APLA decidan plegarse si no se encuentra una salida rápida. Se configura así un precedente peligroso: afectar vuelos autorizados es un paso hacia la parálisis estructural del sistema si no se encuadra adecuadamente el conflicto. Para el Gobierno, la situación plantea un problema político y de gestión: rechazar antes una mejora salarial del 15% y acusar motivaciones ideológicas pone al Ejecutivo en una posición defensiva. La ANAC, encargada de garantizar un mínimo de operaciones, ve cuestionada su capacidad de control. Se hace evidente la necesidad de diseñar una estrategia urgente para evitar más cancelaciones y daños económicos.
En perspectiva, este conflicto no es un hecho aislado sino la expresión de tensiones estructurales: deterioro salarial, debilitamiento institucional y crecientes expectativas de los usuarios. Aerolíneas Argentinas cumplió con su deber formal al denunciar, pero el problema trasciende a la empresa y compromete a todo el sistema aéreo nacional. La solución requiere reencauzar el diálogo paritario con una propuesta superadora del 15% inicial, quizás con mediación tripartita y plazos claros. También es clave fortalecer los mecanismos institucionales para sancionar bloqueos fuera de ventanas legítimas, mientras se refuerza el monitoreo operativo. En paralelo, se deben ofrecer soluciones concretas a los pasajeros afectados, con compensaciones claras, transparencia en la información y canales robustos de asistencia. Finalmente, es necesario anticipar una posible escalada: evitar que otros gremios se sumen y preservar la mínima operatividad mientras duren las negociaciones. De lo contrario, los ocho días de medidas anunciadas hasta el sábado 30 de agosto podrían derivar en una crisis prolongada con secuelas económicas, sociales y políticas de difícil reversión.
