Con amplia expectativa, la Legislatura sancionó la Ley N° 253/25 que amplía el Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve vocales, incorpora la paridad de género y busca modernizar un sistema que quedó sobrepasado por el crecimiento demográfico de la provincia.
La provincia de Santa Cruz concretó este jueves una reforma judicial considerada histórica. La Cámara de Diputados aprobó la Ley N° 253/25, que eleva de cinco a nueve la cantidad de vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en línea con el proyecto impulsado por la diputada Adriana Nieto (Por Santa Cruz) y su par Pedro Luxen.
La sanción definitiva llega tras semanas de debate y con el respaldo del gobernador Claudio Vidal. La designación de los nuevos integrantes corresponderá a la Cámara a partir de ternas en orden alfabético y pliegos abiertos remitidos por el Poder Ejecutivo, un mecanismo que, según sus impulsores, apunta a garantizar mayor transparencia en la selección.
Población en aumento, justicia exigida
La ampliación del TSJ encuentra sustento en un cambio estructural: en 1995, cuando se estableció la integración actual, la provincia tenía 159.839 habitantes. El censo de 2022 registró 337.226, más del doble. Eso significa que cada vocal pasó de representar a 31.978 habitantes a 67.445, con un impacto directo en la sobrecarga de expedientes y la demora de las causas, que llegan a extenderse entre tres y cinco años.
“Una justicia que es tardía no es justicia”, expresó Nieto durante el debate, al subrayar la necesidad de acelerar los procesos y alejarse de prácticas oscuras que debilitan la confianza ciudadana.
Paridad, requisitos y salas
Uno de los puntos centrales de la nueva ley es la paridad de género en la integración del TSJ: los nueve vocales deberán garantizar una representación equilibrada entre mujeres y varones, en sintonía con recomendaciones internacionales.
Los requisitos para acceder al Tribunal quedaron ratificados en el marco de la Constitución provincial: ser argentino nativo o por opción, mayor de 30 años y contar con al menos seis años de ejercicio profesional como abogado o de funciones judiciales.
La norma también habilita la posibilidad de que el TSJ se divida en salas, lo que permitirá distribuir mejor la carga de trabajo en materias contencioso-administrativas y de competencia originaria.
Una señal institucional
Los impulsores remarcaron que la aprobación de la Ley N° 253/25 busca devolver credibilidad a las instituciones y ofrecer una justicia “más democrática, accesible y transparente”. Se trata de una reforma legal, no constitucional, aunque su discusión ya dejó abierta la puerta a futuros debates de mayor alcance en la provincia.
La medida se inscribe en una corriente nacional de modernización de los sistemas judiciales: en San Juan, por ejemplo, se debate la eliminación de la feria judicial de enero para garantizar atención continua.
Con esta aprobación, Santa Cruz marca un punto de inflexión en su institucionalidad y se encamina hacia una etapa en la que la justicia deberá demostrar, en los hechos, que puede ser más ágil, equitativa y cercana a la ciudadanía.
