Un pedido de allanamiento del Gobierno genera repudio y obliga a exponer a periodistas ante Diputados
Un clima de tensión política y mediática se disparó en los últimos días, tras el inédito pedido del Gobierno nacional de allanar tanto un canal de streaming como los domicilios particulares de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. La medida, fundamentada en la difusión de audios atribuida a la ex secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, o al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue denunciada por los comunicadores como una maniobra represiva contra la libertad de expresarse y contra el periodismo crítico.
El martes 2 de septiembre de 2025, la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados fue escenario de una reunión autoconvocada por la oposición, en ausencia de la presidenta del cuerpo, María Emilia Orozco (La Libertad Avanza), quien no había convocado la comisión en más de un año. Esta fractura institucional subrayó la gravedad del intento de censura que motivó la urgencia de la convocatoria .
Durante la sesión, el diputado Christian Castillo (FIT), vicepresidente del cuerpo, denunció que, “a pesar de los múltiples pedidos, dicha comisión no se reúne de manera oficial desde hace más de un año”, y afirmó que “esta comisión ha estado clausurada” . Frente a este contexto, los periodistas Rial y Federico tomaron la palabra para expresar su rechazo al accionar judicial y político que los apuntaba.
Jorge Rial, uno de los presentadores y periodistas más reconocidos de la escena argentina —con una larga trayectoria que incluye la conducción del exitoso programa de espectáculos Intrusos y su rol en BigBangNews— no escatimó en sus críticas: denunció una persecución deliberada del aparato estatal hacia quienes ejercen el periodismo, “informando sobre la corrupción en el Gobierno” . Además, advirtió ante los presentes que “esto se está convirtiendo en un régimen totalitario” y agregó: “Durante el viernes pasado, algún trasnochado creyó que me podía meter en cana”, observando —en una referencia simbólica y provocadora— que un vehículo Falcon, icono de represión de la dictadura militar, fue estacionado frente a su domicilio .
Más aún, Rial anticipó que, lejos de acallar sus investigaciones, continuarán aportando pruebas: “Lejos de callarnos, mañana vamos a mostrar más investigaciones sobre esto”, sostuvo, y afirmó que los audios “los pone muy nerviosos”. Reveló que hay documentación que demuestra un sistema irregular en la ANDIS: “una especie de rueda de la fortuna donde quien más bajaba subsidios para discapacitados, más plata se llevaba” .
La respuesta en el Congreso fue inmediata. En el Senado, la presidenta de la Comisión de Medios y Libertad de Expresión, Carolina Moisés, denunció la medida como un “ataque anticonstitucional a la libertad de prensa” . La oposición acusó al oficialismo de usar instrumentos judiciales para frenar la investigación periodística y silenciar voces críticas.
El Gobierno, por su parte, justificó la orden judicial como una protección de la “privacidad institucional” de la Casa Rosada y habló de una operación de espionaje e intento de desestabilización electoral . No obstante, surgieron voces que pusieron en duda la versión oficial. Martín Menem señaló que los audios podrían haber sido grabados, en parte, en la Cámara de Diputados y no exclusivamente en la Casa Rosada . Esto abrió interrogantes sobre el origen real de las filtraciones y si existía una lectura politizada del hecho.
Los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial representan distintas plataformas —Carnaval Stream y Data Clave— pero coincidieron en su defensa de la libertad de prensa y en repudiar lo que definieron como un intento de censura previa y persecución a la prensa independiente .
Entre la convocatoria de la comisión y el repudio en el Senado, el escándalo creció al ritmo del debate público. La centralidad del caso radica no solo en su contenido —las irregularidades en una agencia pública con presuntos actos de corrupción— sino también en el choque entre un Estado que intenta controlar la narrativa y un periodismo que insiste en ejercer su función de contralor.
Que esta nota se publique en un diario clásico no es casual. La forma jurídica y estilística —una sola pieza corrido, fluida, sin múltiples subtítulos— refuerza su carácter de texto periodístico serio, con tensión dramática en los eventos relatados, reconocimiento de fuentes diversas y contextualización institucional y simbólica.
El episodio se convierte en una prueba de fuego para la democracia y la libertad de prensa en Argentina. El uso de recursos judiciales para frenar la difusión de contenidos críticos malogra el ejercicio del periodismo independiente y pone en jaque los cimientos del sistema republicano. Que Rial y Federico se animen a seguir adelante con nuevas pruebas, aún ante la amenaza de allanamientos, no solo habla de su convicción periodística, sino que desafía al Estado a rendir cuentas: o respeta la transparencia y la crítica, o acelera la erosión de garantías fundamentales.
