Una investigación bajo estricta reserva que agita el escenario político y judicial.
La causa judicial iniciada por la difusión de audios atribuidos al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, recibió un nuevo impulso este miércoles, cuando el fiscal federal Franco Picardi resolvió prorrogar por diez días más el secreto de sumario. La medida, que en una investigación semejante implica la suspensión temporal del acceso público y de los propios imputados al expediente —buscando preservar la integridad probatoria, la identidad de testigos y evitar obstrucciones a la pesquisa—, complica aún más el ya tenso clima político y mediático que rodea el caso.
La investigación, que saltó a la luz pública a mediados de agosto, comenzó tras la difusión de audios en los que Spagnuolo hace referencia a supuestos pagos de coimas vinculados a la compra de medicamentos, en los que se alude a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, como beneficiarios. También se menciona el rol de la droguería Suizo Argentina como posible intermediaria en esos supuestos retornos.
Desde que la causa fue abierta, ya se han llevado adelante varios allanamientos: en múltiples sedes de la ANDIS, en la droguería Suizo Argentina, e incluso en la oficina del ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini. En esos operativos, se secuestraron teléfonos, documentación, dispositivos electrónicos e incluso dinero, y se bloqueó el acceso a cajas de seguridad . Según se informó, uno de los teléfonos relevados pertenece a Garbellini, ubicado en una sede céntrica de Incluir Salud, sobre avenida Rivadavia.
Además, el juez federal Sebastián Casanello impuso medidas cautelares estrictas: prohibición de salida del país para Spagnuolo, los integrantes de la familia Kovalivker —propietarios de Suizo Argentina—, entre otros; levantamiento del secreto fiscal y bancario; y copia forense del contenido del celular del exfuncionario . Técnicos periciales de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) ya accedieron al dispositivo y entregaron copia al fiscal.
El análisis preliminar del teléfono de Spagnuolo reveló que varios chats clave fueron borrados manualmente justo en vísperas del escándalo, además de que no se hallaron conversaciones con Milei ni con su hermana Karina, a pesar de su cercanía política y personal . Se sospecha que los mensajes podrían recuperarse parcialmente por técnicas forenses.
El material probatorio en manos de la Justicia supera el medio centenar de fragmentos de audio, aunque se cree que existen más registros aún no difundidos . Sobre la validez legal de estos audios ha comenzado a gestarse un fuerte debate: algunos expertos sostienen que podría haber un “vicio de origen” que comprometa su admisibilidad si fueron obtenidos en violación a normas de privacidad e intimidad.
En paralelo, los abogados defensores ya anticipan que podrían solicitar la nulidad de la causa una vez avanzada la instrucción formal. Esto podría elevar el conflicto hasta la Corte Suprema de Justicia .
Mientras tanto, la figura de Spagnuolo ha sido objeto de intensa especulación. Según fuentes cercanas, evalúa presentarse como imputado colaborador, lo que podría alterar radicalmente el curso de la investigación . En declaraciones atribuidas a su entorno, habría expresado que “si hablo, armo un quilombo padre”, señalando la magnitud de la información que podría aportar .
Desde el oficialismo, el gobierno nacional negó rotundamente las acusaciones, calificándolas de “operación política” destinada a desestabilizar. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que el Ejecutivo permanece internamente “tranquilo”. Del mismo modo, el presidente Javier Milei las descalificó: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”, afirmó en un acto reciente.
El escenario que enfrentan la justicia, la política y la sociedad es complejo. La prórroga del secreto de sumario, dispuesto por el fiscal Picardi para garantizar una investigación libre de interferencias, profundiza la reserva en torno a un asunto que ya sacudió el entorno presidencial y reactivó viejas pugnas institucionales. La causa reúne elementos explosivos: empresas del rubro farmacéutico, montos millonarios, vínculos personales e institucionales cercanos al poder, audios polémicos y técnicas de espionaje digital.
A la espera del fallo que habilite o no la circulación de más pruebas, la tensión persiste: sectores del kirchnerismo se presentaron como querellantes, e incluso se alzó una ONG (Poder Ciudadano) que solicitó intervenir en el proceso.
El impacto electoral comienza a sentirse de manera anticipada en un contexto económico ya adverso: la crisis cambiaria, el dólar cerca del techo de la banda, y las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, todo esto bajo la sombra de un entorno de poder acorralado por la sospecha. Miles de ciudadanos, en consecuencia, observan con expectación si esta ampliación del secreto —y el silencio que obliga— dará paso pronto a la transparencia o prolongará el hermetismo sobre un caso que amenaza con redefinir el equilibrio institucional.
