La mayoría de los mandatarios provinciales considera que no existen incentivos para sumarse a la mesa de diálogo impulsada por el Presidente. Reclaman fondos retenidos, cuestionan las promesas incumplidas y avanzan en la consolidación del bloque Provincias Unidas.
La convocatoria presidencial a una mesa de diálogo nacional encontró más resistencia que entusiasmo en las provincias. Tras la derrota del oficialismo en Buenos Aires, Javier Milei buscó tender puentes con los gobernadores, pero las señales no surtieron el efecto esperado. En cambio, lo que se expande es un clima de desconfianza y malestar que amenaza con profundizar la crisis política.
El gobernador salteño Gustavo Sáenz fue el más directo al expresar esa incomodidad. Con una frase contundente, resumió lo que piensan varios de sus pares: “No son leones, son palomas de iglesia, porque cagan a los fieles. A mí me cagaron con obras y también en lo electoral, con candidatos que me destrozan”. Sus palabras no sólo reflejaron un enojo personal, sino que se convirtieron en la síntesis de un problema estructural: mandatarios provinciales que se sienten desatendidos por el Gobierno nacional y atacados en sus propios territorios por listas libertarias que compiten con agresividad.
En ese marco, la respuesta de los gobernadores no será la ausencia silenciosa, sino la construcción de un frente alternativo. El bloque Provincias Unidas prepara una demostración de fuerza este viernes en la Sociedad Rural de Río Cuarto, Córdoba. Allí confluirán Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). El encuentro promete convertirse en una señal política potente: los mandatarios buscan mostrarse como una opción organizada y con proyección nacional.
El triunfo de Axel Kicillof en Buenos Aires fue leído como una confirmación de que la ola libertaria atraviesa un momento de retroceso. Pullaro, gobernador de Santa Fe, fue explícito en esa interpretación al reclamar un cambio de rumbo: “La gente habla fuerte y claro. El Gobierno sigue sin escuchar, paralizado. Hay que dejar atrás el pasado lleno de fracasos y enfrentar los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia”.
Las tensiones no se reducen al plano electoral. En varias provincias, los gobernadores denuncian la retención prolongada de fondos nacionales y el incumplimiento de compromisos de obra pública. “Nos cagaron con la plata y ahora, después de la paliza en Buenos Aires, quieren que les pongamos el hombro”, deslizó uno de ellos en conversaciones reservadas. Esa combinación de reclamos económicos y competencia política directa erosiona cualquier posibilidad de acercamiento genuino a la mesa de diálogo promovida por Milei, su hermana Karina, Guillermo Francos y Santiago Caputo.
La estrategia electoral del oficialismo, con las llamadas “listas violetas puras”, terminó de agravar el panorama. Los resultados han sido decepcionantes: en Corrientes, por ejemplo, apenas lograron superar el 9%. Lejos de representar una amenaza real para los partidos tradicionales, se transformaron en un factor de hostigamiento dentro de cada provincia, alimentando un clima de enfrentamiento que hoy dificulta la convivencia política.
En paralelo, los gobernadores procuran marcar distancia de las internas del peronismo bonaerense. La disputa entre Cristina Kirchner, La Cámpora y el propio Kicillof los convence de que el futuro no se resolverá en ese espacio. Por eso, varios de ellos insisten en construir un proyecto distinto: “Hay que levantar una alternativa por fuera de Milei y del PJ. El justicialismo se va a hundir en sus peleas internas, ese no es nuestro lugar. Necesitamos algo nuevo y competitivo para 2027”, sostuvo uno de los dirigentes que impulsa Provincias Unidas.
Ese horizonte todavía parece lejano, pero la primera estación está a la vista: las elecciones del 26 de octubre. Allí, los candidatos respaldados por los gobernadores buscarán consolidar una tercera vía que, al menos en el corto plazo, les permita mostrar volumen político y garantizar poder de negociación en un escenario nacional fragmentado. Lo que ocurra en Córdoba esta semana será el primer paso para definir si esa apuesta logra trascender las fronteras provinciales y convertirse en un proyecto de alcance nacional.
