Renuncia con acusaciones: la ex jueza Noelia Ursino denuncia persecución y apunta al Tribunal Superior de Justicia

El decreto del gobernador Claudio Vidal aceptó la dimisión, pero el descargo de la ex magistrada revela un trasfondo de tensiones internas en la Justicia santacruceña. Ursino asegura que fue víctima de un proceso arbitrario y deja abierta la posibilidad de iniciar acciones legales contra los miembros del TSJ.

La renuncia de Noelia Romina Ursino al frente del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal, Correccional y Penal Juvenil de Puerto Santa Cruz, aceptada por decreto 763 del gobernador Claudio Vidal, parecía poner fin a un proceso cargado de denuncias, sanciones disciplinarias y la inminente amenaza de un jury de enjuiciamiento. Sin embargo, las declaraciones posteriores de la ex jueza demuestran que la historia apenas comienza.

En un testimonio contundente, Ursino sostuvo que fue víctima de un mecanismo de disciplinamiento ejercido por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al que acusa de haber impulsado un proceso carente de garantías mínimas. “Todas mis presentaciones eran rechazadas in limine. No había transparencia. El TSJ nunca investigó mi descargo y directamente me enviaron al tribunal de enjuiciamiento”, denunció.

Un proceso irregular y la decisión de apartarse

Con casi once años al frente del juzgado, Ursino afirmó que fue apartada mediante una licencia extraordinaria “que ni siquiera estaba prevista en el reglamento” y reveló haber recibido, a través de terceros, un mensaje lapidario: “Ella que haga lo que quiera, igual se va”. El proceso iniciado en su contra incluía acusaciones por prevaricato, morosidad y fallos arbitrarios, impulsadas por el fiscal Lisandro De la Torre. Sin embargo, al concretarse la renuncia, el jury queda sin efecto: la ley solo prevé destituir o absolver a jueces en funciones.

La ex magistrada asegura haber dejado constancia de un “descargo muy importante” tanto ante el Tribunal de Enjuiciamiento como en la gobernación. Allí cuestiona que el TSJ aplicó normas derogadas y acusa a sus miembros de manipular los procesos disciplinarios según intereses políticos.

Trayectoria con fallos resonantes

Más allá de su conflictiva salida, Ursino había alcanzado notoriedad por decisiones judiciales vinculadas a la agenda de derechos humanos y de género. Entre sus resoluciones, procesó a un médico que negó la existencia de la violación conyugal y dispuso la aplicación de la Ley Brisa en favor del hijo de la víctima de femicidio Jésica Minaglia. También mantuvo fuertes enfrentamientos con sectores de la Iglesia local, a quienes denunció por encubrir abusos sexuales.

Hoy, a los 45 años, madre de dos hijos —uno de ellos con discapacidad severa—, afirma que no piensa volver a concursar en el corto plazo para ocupar cargos en la Justicia. No obstante, no descarta ejercer la abogacía de manera independiente, siguiendo el camino de otros casos resonantes en la región.

Lo que vendrá

Ursino insiste en que las denuncias contra ella no provinieron de abogados ni de particulares, sino que se gestaron únicamente dentro del Tribunal Superior. “No hay injusticia peor que darle un marco de justicia a una situación injusta que parte del propio poder judicial”, señaló.

El interrogante ahora es si avanzará con acciones legales contra los integrantes del máximo tribunal santacruceño. Su descargo, que ya obra en manos de las autoridades provinciales, podría convertirse en un nuevo capítulo de la interna judicial. Mientras tanto, su salida abre un debate sobre la independencia del Poder Judicial en Santa Cruz y la manera en que se dirimen los conflictos disciplinarios dentro de la estructura institucional.