El sindicato que lidera Hugo Moyano acordó un incremento salarial en tres tramos entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, muy por debajo de las proyecciones inflacionarias. El Gobierno celebró el entendimiento como un gesto de respaldo a su política económica.
El Sindicato de Camioneros que conduce Hugo Moyano firmó un acuerdo paritario por seis meses, que regirá desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026, con un aumento salarial global del 3,3% repartido en tres tramos, un gesto que el gobierno de Javier Milei celebró y presentó como modelo para otras negociaciones colectivas, pese a que el alza pactada quedó por debajo de la inflación real que atraviesa el país. El convenio, oficializado a través del Ministerio de Capital Humano, al mando de Sandra Pettovello, prevé un aumento del 1,2% a partir de septiembre, otro del 1,1% en octubre, más ingresos adicionales de 1% para cada uno de los meses desde noviembre hasta febrero próximos; con estas cifras, Camioneros acepta una mejora que, analistas y sectores gremiales advierten, no alcanza para recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores. Desde el gobierno se defendió que el acuerdo refleja “el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”, frase incluida en el comunicado de la cartera de Capital Humano.
El anuncio generó reacciones de diverso tenor. Por un lado, en el Ejecutivo se valoró el cierre como un ejemplo de responsabilidad gremial, en un contexto donde la inflación anual proyectada superará ampliamente el porcentaje acordado, lo que hace del pacto una concesión significativa por parte del sindicalismo tradicional. Para el gobierno, que busca contener presiones salariales, lograr acuerdos por debajo del ritmo inflacionario contribuye a sus metas de orden macroeconómico, y este convenio se interpreta como un aval político ponderable para su política económica. Por otra parte, dirigentes gremiales críticos del propio Moyano han señalado que el acuerdo implica resignar derechos ante una inflación que no para de subir y que el atraso salarial continuará a menos que se repongan pérdidas. Sectores internos del gremio advierten que el salario real seguirá descendiendo si la inflación acumulada supera en mucho lo pactado, como parece probable, ya que los últimos datos oficiales y estimaciones privadas muestran tasas mensuales que triplican o más los porcentajes cerrados para los meses correspondientes.
Históricamente, Moyano ha protagonizado episodios similares. En enero pasado, aceptó una paritaria para Camioneros compatible con la pauta del Gobierno, aunque también por debajo de lo que pedía originalmente el gremio, lo que permitió destrabar homologaciones de convenios pero generó críticas internas. En junio, se denunció desde la seccional Santa Fe que los acuerdos paritarios firmados por la conducción nacional resultaban una “burla” pues quedaban lejos de compensar la inflación, manifestaciones que reavivan tensiones internas en el sindicato. En los últimos trimestres, los dirigentes gremiales reclamaron la reapertura de paritarias para evitar la caída del poder adquisitivo de los afiliados, aludiendo a incrementos de precios en bienes básicos, transporte, servicios y alimentos que castigan especialmente a los trabajadores con menores ingresos, que no cuentan con ahorros ni alternativas de inversión para cuidarse del deterioro inflacionario.
Especialistas en economía estiman que la inflación para el período cubierto por el acuerdo podría situarse, en acumulado de esos seis meses, en un rango que quintuplica el aumento convenido, dependiendo de las proyecciones oficiales y privadas. Parte del malestar gremial se explica en que mientras los salarios suben con valores pactados, los precios ajustan casi sin pausa, y los costos fijos del transporte —combustible, neumáticos, mantenimiento— presionan sobre los costos del sector, lo que termina afectando también a los conductores afiliados. En paralelo, desde el Gobierno reconocen que controlar la inflación es clave para que este tipo de acuerdos sean creíbles, y remarcan que los pactos salariales que moderen expectativas pueden contribuir, en términos relativos, a evitar disparadores de inflación mayor.
El contexto político es importante: el gobierno de Milei llegó con promesas de “orden económico”, reducción de subsidios y disciplina fiscal, con una inflación que viene escalando mes a mes. En ese marco, cerrar una paritaria con Moyano por debajo de la inflación permite al Ejecutivo mostrar que puede imponer sus criterios incluso sobre un sindicalismo que tradicionalmente es uno de los más combativos. Al mismo tiempo, Moyano debe manejar las presiones internas —de delegados, seccionales y afiliados— que demandan recuperar poder adquisitivo perdido, en un escenario en que los salarios reales de muchos trabajadores ya están erosionados.
No hay hasta el momento indicios de medidas de fuerza vinculadas directamente al cierre de esta paritaria, pero las voces que alertan por el deterioro sugieren que si no se habilita una cláusula de revisión efectiva o acuerdo complementario, la tensión podría subir. En el pasado cercano, Moyano ya solicitó reaperturas paritarias al advertir que la inflación acumulaba valores superiores a lo acordado, para evitar un mayor deterioro salarial, lo que indica que los acuerdos por adelantado no han sido suficientes para anclar expectativas ni recuperar poder adquisitivo.
La firma de este acuerdo por parte de Camioneros se suma a una serie de escenas laborales recientes en la Argentina que muestran un sindicalismo dividido entre la aceptación de acuerdos más tibios ante el liderazgo político del Ejecutivo y la demanda creciente de mejoras sustanciales para enfrentar una inflación que, aunque no siempre informada con precisión, es percibida como muy alta por los trabajadores. El desafío para Moyano será ahora cómo hacer convivir su rol de interlocutor aceptado por el Gobierno con su base gremial, que exige resultados concretos.
En definitiva, el nuevo acuerdo paritario firmado por Hugo Moyano con el Sindicato de Camioneros exhibe un claro gesto político hacia el Gobierno: acepta un incremento salarial de apenas 3,3% para seis meses, muy por debajo de lo que se espera que sea la inflación, y se convierte en un caso testigo sobre los límites del sindicalismo en la Argentina actual. Si bien para el Ejecutivo representa un triunfo simbólico y práctico, para los trabajadores representa una apuesta a que no se profundice la pérdida de ingresos reales, con la incertidumbre de que lo pactado alcance para cubrir sus necesidades cotidianas.
