Una sentencia judicial condena a una empresa a pagar 16 salarios adicionales a una trabajadora a la que mantuvo en la informalidad. El fallo, que sienta un precedente clave, reafirma la protección a los trabajadores pese a la derogación de las multas establecidas en la Ley Bases.
Un hito en la protección de los derechos de los trabajadores se ha establecido con un fallo de la Justicia Nacional del Trabajo. En un caso que podría cambiar la jurisprudencia, una sentencia, dictada en primera instancia en la causa “Vasold, Vanesa Soledad vs. MPV Construcciones”, ordenó a la compañía a resarcir a la trabajadora con 16 salarios adicionales a la indemnización por despido, con intereses, por los “daños y perjuicios” derivados de haberla mantenido en la informalidad durante casi una década.
La decisión, que aún debe ser ratificada por la Cámara del Trabajo, se erige como un precedente fundamental. La trabajadora, que había sido contratada como monotributista durante ocho años, recurrió a la justicia argumentando que la falta de registro le había provocado una privación de derechos fundamentales, como la obra social, un salario de convenio y el seguro por accidentes laborales.
El juez que firmó la sentencia, si bien no se expidió sobre la inconstitucionalidad de la derogación de las multas por trabajo en negro, que formaba parte del paquete de la Ley Bases impulsada por el Gobierno de Javier Milei, sí resolvió que dicha norma no prohíbe que el trabajador recurra al “derecho de daños” para obtener una reparación. Este razonamiento le permite a la justicia seguir protegiendo los derechos laborales, pero a través de una vía alternativa que en los hechos busca una compensación justa para quienes vieron vulnerados sus derechos.
El fallo de la justicia laboral envía una señal contundente al mercado: la desprotección del trabajador, incluso tras las reformas, no quedará impune. La decisión no solo honra la demanda de la trabajadora, sino que también ofrece un nuevo camino de esperanza para miles de personas que se encuentran en situaciones de trabajo informal. El Poder Judicial, con esta sentencia, reafirma su rol como garante de los derechos de los trabajadores, sin importar el contexto legal.
