La resolución del máximo tribunal nacional del 16 de septiembre refuerza el rol de la justicia comercial frente a los tribunales federales en casos de decomiso de bienes, y abre un nuevo frente en torno a los procesos sucesorios vinculados al patrimonio de la familia Kirchner.
El pasado 16 de septiembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en un incidente de competencia surgido en la causa “Austral Construcciones”. Allí, se resolvió que, ante un conflicto entre un Tribunal Oral Federal —que tenía bajo su órbita bienes decomisados— y el Juzgado Comercial donde se tramitaba la quiebra de la empresa, el órgano competente debía ser este último. El pronunciamiento no solo ordena un cambio procesal concreto, sino que también fija un criterio sobre cómo se deben resolver futuras controversias similares.
La decisión cobra un matiz aún más relevante si se observa lo que sucede con el proceso en curso en el juicio oral por las causas “Hotesur – Los Sauces”, reactivado en abril de este año. En ese expediente podría definirse el decomiso de bienes que, eventualmente, podrían formar parte del acervo sucesorio del expresidente Néstor Kirchner. En ese supuesto, el trámite recaería sobre un Juzgado Provincial, que es quien debe intervenir en las sucesiones.
Detrás de este escenario jurídico aparece un elemento político: la última instancia de revisión de esos expedientes provinciales es el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. La posibilidad de que ese tribunal funcione como “blindaje” para el control de los bienes sucesorios no pasa inadvertida, en especial cuando se mantienen en pie sospechas sobre la evolución patrimonial de la familia Kirchner. La figura de Fernando Bersanelli, señalado como defensor particular de la familia, también se mantiene presente en este tablero, con el temor de que jueces independientes avancen sobre la lectura integral del expediente sucesorio.
La definición de competencias por parte de la Corte Suprema no solo tiene implicancias jurídicas, sino también políticas e institucionales. Gremios y legisladores opositores en Santa Cruz podrían encontrar en este pronunciamiento un motivo más para exigir transparencia y control en un proceso que, lejos de cerrarse, parece proyectar nuevas aristas. El futuro de las causas y el alcance de la justicia provincial sobre el patrimonio de la familia Kirchner se ubican así en el centro de la discusión pública.
