La eliminación de los derechos de exportación al agro representa una pérdida de entre US$1.000 y US$1.600 millones para las cuentas públicas. Los analistas advierten que la medida compromete la meta de superávit y puede generar tensiones cambiarias e inflacionarias.
El anuncio del Gobierno de llevar a cero las retenciones a las exportaciones agropecuarias abrió un fuerte debate en el frente económico. Si bien la medida fue celebrada por productores y entidades rurales, los especialistas advierten que tendrá un costo significativo para el fisco y que podría poner en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas en un contexto de alta fragilidad.
Según estimaciones de la consultora Equilibra, la pérdida de recursos para lo que resta de 2025 rondará los US$1.000 millones, cifra equivalente al 0,15% del PBI. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) proyecta que, entre 2025 y 2026, el costo fiscal podría escalar hasta los US$1.600 millones, cerca del 0,25% del producto. Ese monto representa prácticamente la mitad del superávit financiero previsto en el proyecto de Presupuesto 2026, lo que encendió alertas entre los economistas.
El impacto no se limita a las cuentas fiscales. Al reducirse los ingresos del Estado, también disminuyen las divisas que ingresan por exportaciones gravadas, lo que puede debilitar la posición de reservas internacionales y presionar sobre el tipo de cambio. En ese escenario, la incertidumbre cambiaria se trasladaría a la inflación, un problema que el Gobierno aún no logra controlar del todo.
Distintos analistas también advierten sobre la señal que envía la medida a los organismos internacionales, especialmente al Fondo Monetario Internacional, con el cual la Argentina mantiene compromisos de cumplimiento fiscal. “Si no hay un mecanismo de compensación de ingresos o una reducción clara de gastos, la eliminación de retenciones puede complicar la negociación con el FMI”, apuntan en el sector privado.
Los economistas recomiendan que el Gobierno acompañe la decisión con una política fiscal ordenada y con un seguimiento estricto de la liquidación de granos. La velocidad y el volumen con que los productores decidan vender sus stocks incidirán directamente en la magnitud de la pérdida recaudatoria.
En el plano político, la iniciativa se interpreta como un gesto hacia el campo, un actor clave de la economía y del electorado. Sin embargo, la apuesta conlleva riesgos. De no mediar medidas compensatorias, el beneficio inmediato para el agro podría convertirse en una presión adicional sobre la estabilidad macroeconómica y sobre las metas fiscales de los próximos meses.
