La defensa del empresario reclamó con urgencia que se le restituya el arresto en su vivienda, alegando problemas de salud y condiciones de encierro que califican como inhumanas. La Cámara de Casación deberá resolver en las próximas horas.
La situación de Lázaro Báez volvió a instalarse en la agenda judicial tras el reclamo de sus abogados para que se le otorgue nuevamente la prisión domiciliaria. Detenido en la Unidad 15 de Río Gallegos desde el 11 de junio, el empresario de 68 años sostiene, a través de su defensa, que el encierro en la histórica cárcel federal ha deteriorado gravemente su estado de salud. El planteo, presentado ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, subraya que Báez padece diabetes, hipertensión y asma, y que su actual lugar de alojamiento no cuenta con condiciones mínimas de habitabilidad. Según la presentación, el empresario permanece aislado en un espacio reducido, con filtraciones y deficiencias de infraestructura, lo que constituye un “trato indigno, inhumano y cruel” contrario a las normas nacionales e internacionales de derechos humanos.
Báez se encuentra alojado en un pabellón lateral de la Unidad 15, un edificio centenario ubicado en pleno centro de la capital santacruceña. El sector que ocupa corresponde a los denominados “buzones”, espacios concebidos originalmente para sanciones disciplinarias o estadías transitorias. Allí pasa más del 90 % de su tiempo en soledad, con un régimen diferenciado de visitas y recreación. Su defensa señala que comparte un baño con otros internos y que en reiteradas ocasiones debió ser trasladado al hospital de la ciudad por descompensaciones vinculadas a sus patologías. Uno de esos episodios ocurrió pocos días después de su arribo, cuando presentó un cuadro respiratorio agudo.
El Servicio Penitenciario Federal rechazó los cuestionamientos y aseguró que las condiciones de detención “son las que corresponden”. Desde el área de Asuntos Penitenciarios se explicó que los problemas de humedad denunciados fueron consecuencia de un termo tanque roto que se reparó en un plazo de 48 horas. Para las autoridades penitenciarias, Báez recibe el mismo trato que cualquier otro detenido y se encuentra bajo controles médicos regulares. No obstante, su defensa insiste en que el aislamiento, sumado a las patologías preexistentes, convierte su detención en un riesgo permanente.
La resolución ahora está en manos de los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, quienes deberán pronunciarse este viernes. La propuesta de los abogados de Báez es clara: que regrese a su vivienda en El Calafate, con tobillera electrónica y bajo control judicial. La decisión no solo definirá la situación personal del empresario, sino que también reabrirá un debate de fondo: hasta qué punto el sistema penitenciario argentino garantiza condiciones dignas de detención, especialmente en establecimientos antiguos y con infraestructura limitada como la cárcel de Río Gallegos.
