Un fallo dividido de la Cámara Civil y Comercial Federal declaró la caducidad de la demanda civil contra la expresidenta en la causa Vialidad, al considerar que no hay pruebas suficientes ni sentencia penal firme que justifiquen una condena patrimonial.
En un fallo dividido, la Sala III de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal decidió eximir a Cristina Fernández de Kirchner del pago de 22.300 millones de pesos que el Estado reclamaba en una demanda civil vinculada con la causa Vialidad. El tribunal confirmó la caducidad del proceso iniciado en 2018, al estimar que no hubo impulso suficiente en el expediente para sostener el reclamo.
La acción civil había sido promovida por la Dirección Nacional de Vialidad bajo la administración de Mauricio Macri, con el objetivo de demandar a la expresidenta y otros condenados en la causa penal por presuntos perjuicios al patrimonio público. El reclamo se tramitaba en paralelo con la causa penal por direccionamiento de obras viales en Santa Cruz.
El fundamento mayoritario del fallo fue que no existen elementos probatorios suficientes para atribuirle responsabilidad económica directa a Cristina Fernández. Además, los jueces destacaron que, sin una condena penal firme, no corresponde avanzar en una condena civil de tal magnitud. La defensa de la expresidenta había invocado la caducidad del proceso, argumentando que durante largos períodos el expediente quedó sin movimientos sustanciales.
En primera instancia, el juez Marcelo Bruno Dos Santos había rechazado esa pretensión, pero luego la propia Cámara revirtió ese criterio al reconocer que la causa había perdido impulso procesal. Con la confirmación del fallo por la sala de alzada —con los votos de Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi— la demanda quedó extinguida.
El fallo provocó fuertes reacciones políticas. Desde el kirchnerismo se celebró la decisión y se denunció la existencia de “lawfare” —uso político del poder judicial para perseguir opositores—, mientras que voces opositoras cuestionaron el mensaje de impunidad que puede transmitir un fallo de esta magnitud.
Aun así, esta resolución solo abarca la vía civil: Cristina Fernández continúa respondiendo en la causa penal Vialidad, donde fue condenada en una instancia anterior y por la cual sí rige su responsabilidad penal. Ahora resta ver si el Estado apelará ante instancias superiores o si buscará reactivar nuevas acciones contra los exfuncionarios.
