Una protesta frente al Palacio Municipal escaló en intensidad este martes en 9 de Julio: productores rurales inundados quemaron neumáticos y reclamaron respuestas urgentes por el estado de los caminos y la falta de obras hidráulicas. Hubo reuniones con autoridades, compromisos de intervención y promesas de alivio, aunque los reclamos permanecen latentes.
El clima extremo y el abandono de la infraestructura rural se combinaron para generar un escenario explosivo en 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. Decenas de productores afectados por inundaciones se manifestaron frente al Palacio Municipal, con pancartas y neumáticos encendidos, en reclamo de respuestas inmediatas. Los manifestantes provienen de zonas rurales como Carlos María Naón, La Niña y Quiroga, donde la acumulación de lluvias históricas, sumada a canales obstruidos y falta de mantenimiento, provoca que el agua no circule, dejando a los productores aislados y con sus cultivos arruinados. Según relataron transportistas de la zona, la inundación multiplicó recorridos: trayectos que antes eran de 15 kilómetros ahora deben extenderse a 60 o 70 para alcanzar rutas transitables. El productor César Amengual denunció la pérdida de alfalfa, animales ahogados y daños severos en la infraestructura básica.
Durante la protesta, una comitiva logró ingresar al municipio. En primera instancia no fueron recibidos por la intendenta María José Gentile, sino por el secretario de Gobierno Federico Aranda y el subsecretario de Servicios Públicos Christian Poggi. Allí se produjo un cruce verbal entre el productor Pedro Marra y Poggi, cuando el primero le reprochó la falta de acción inmediata con la frase: “No jueguen con los seres humanos”. Horas más tarde, Gentile accedió a recibir a los manifestantes. El Municipio anunció que se colocarán “tubos de alivio” en la localidad de Naón y que se evaluarán obras mayores en otros distritos, aunque los productores consideran insuficientes estas medidas frente al daño acumulado.
La emergencia agropecuaria fue extendida hasta febrero de 2026 y se conformó una mesa de trabajo con representantes provinciales y del sector rural para definir intervenciones. Paralelamente, productores de Carlos Casares iniciaron acciones judiciales contra tres intendentes de partidos afectados por presunto “estrago” ante la falta de respuestas institucionales. A nivel provincial, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, mantuvo un encuentro con autoridades locales y productores en el que prometió reforzar la intervención en la Cuenca del Salado, elaborar un plan de obras y disponer equipos técnicos para optimizar canales y drenajes, aunque distintos medios advirtieron que varios trabajos están paralizados por demoras administrativas o falta de financiamiento nacional.
En tanto, el Gobierno nacional analiza un alivio impositivo para los productores afectados, que incluiría exenciones en el impuesto a las Ganancias para quienes debieron desprenderse de hacienda por la emergencia. Se estima que más de tres millones de hectáreas se encuentran comprometidas en la provincia por el agua o la imposibilidad de trabajar la tierra.
Los productores coinciden en que la clave no está únicamente en disponer de maquinaria o subsidios momentáneos, sino en implementar un plan hidráulico integral, con mantenimiento constante de canales y una política de largo plazo que evite repetir, tras cada lluvia, un escenario de desastre.
