El Poder Ejecutivo dejó sin efecto el cargo honorífico creado en 2014 para el historiador Norberto Galasso. La medida se fundamenta en la necesidad de reducir el gasto público y optimizar los recursos del Estado.
El Gobierno nacional oficializó la derogación del Decreto 515/2014, que le otorgaba al historiador Norberto Félix Galasso el título de “Embajador de la Cultura Popular Argentina” con jerarquía equivalente a la de un subsecretario. La decisión quedó plasmada en el Decreto 692/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Lisandro Catalán.
El texto sostiene que el cargo creado en 2014 no implicaba funciones específicas dentro de la Secretaría de Cultura ni la constitución de una unidad administrativa formal. También señala que el puesto representaba una erogación mensual a cargo del presupuesto presidencial, por lo que se resolvió suprimirlo en el marco de la política de austeridad impulsada por el Ejecutivo.
La resolución destaca que la medida busca “una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad”, orientada a optimizar la utilización de los recursos públicos y reducir gastos considerados innecesarios.
Norberto Galasso, de 89 años, cuestionó la decisión y la calificó como una “persecución” hacia su figura intelectual. Señaló que la derogación lo deja sin ingresos, ya que había suspendido el trámite jubilatorio al comenzar a cobrar la remuneración vinculada al cargo. Además, afirmó que no fue notificado previamente y que la medida tiene un carácter simbólico que excede lo administrativo.
Galasso es autor de más de sesenta libros y referente del pensamiento histórico revisionista en la Argentina. Su designación como embajador cultural en 2014 había sido presentada como un reconocimiento institucional a su trayectoria, aunque desde entonces recibió críticas por la falta de funciones concretas asignadas al cargo.
Con esta derogación, el Gobierno profundiza su línea de intervención en el ámbito cultural, que distintos analistas interpretan como parte de la denominada “batalla cultural” con la que la administración Milei busca redefinir el relato histórico y simbólico del país.
