Con José Luis Espert entre los asistentes, el presidente Javier Milei presentó hoy el proyecto de reforma integral del Código Penal desde el Complejo Penitenciario Federal N.º 1 de Ezeiza. La iniciativa multiplica artículos, endurece las penas y tipifica delitos emergentes, en un acto con fuertes dosis simbólicas políticas.
En un acto que mezcla anuncios jurídicos y gestos políticos, el presidente Javier Milei lanzó hoy desde la puerta de la cárcel de Ezeiza el proyecto de reforma del Código Penal de la Nación, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En el público estuvo presente el economista y candidato libertario José Luis Espert, confirmando su alineamiento electoral con el oficialismo.
La propuesta busca reemplazar el código vigente desde 1921 —cuyas sucesivas reformas parciales no lograron adaptarlo a los desafíos contemporáneos— por un cuerpo unificado que pasaría de 316 artículos a cerca de 920. En su discurso, Bullrich advirtió que el nuevo texto buscará elevar sanciones, tipificar delitos hasta ahora no regulados y declarar la imprescriptibilidad en casos de narcotráfico, terrorismo, promoción sexual infantil, secuestro extorsivo y afrentas a la democracia.
“Necesitamos tolerancia cero, porque el que las hace las paga”, afirmó Milei al presentar el envío del proyecto al Congreso. Bullrich agregó que no solo los delitos graves serían objeto del endurecimiento, sino también los delitos patrimoniales, y que se incorporarían figuras como ciberdelitos con inteligencia artificial, pornovenganza, delitos ambientales y estafas piramidales.
Un acto con fuerte simbolismo político
La elección del penal de Ezeiza como escenario del anuncio fue altamente simbólica: para el oficialismo, representa tensión contra el delito, el encierro físico delictivo y el mensaje de mano dura. Para la oposición y críticos, podría leerse como una teatralización judicial de carácter electoral.
La presencia de José Luis Espert —titular de la candidatura libertaria en la provincia de Buenos Aires— refuerza el papel que juega en la coalición oficialista y su visibilidad pública. En los últimos días, Espert atravesó cuestionamientos por presuntos vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Fred Machado, lo que había generado tensiones en el entorno del Gobierno. La ratificación de su figura en este acto parece apuntar a disipar dudas internas y externas sobre su continuidad en la agenda oficial.
Lo que propone el proyecto
Unificación normativa: reúne el código penal vigente y múltiples leyes especiales dispersas en un solo cuerpo.
Ampliación de tipos penales: delitos vinculados con internet, inteligencia artificial, estafas piramidales, pornovenganza, crímenes ambientales, ataques a la seguridad vial, entre otros.
Endurecimiento de penas: agravamiento en delitos graves y también en ilícitos patrimoniales, reforma de reglas de excarcelación y libertad condicional.
Imprescriptibilidad: propone que delitos como narcotráfico, terrorismo, promoción sexual infantil, secuestro y atentados contra la democracia no prescriban.
El proyecto se encuentra ahora en manos del Congreso, donde enfrentará debates parlamentarios, objeciones constitucionales y oposición de sectores que advierten riesgos para derechos y garantías.
Riesgos institucionales y reacciones adversas
El ambicioso diseño de la reforma penal arroja críticas desde distintos frentes. Juristas alertan que la extensión desmesurada de artículos podría provocar contradicciones internas, dificultad interpretativa y litigios constitucionales. Asimismo, defensores de derechos humanos advierten que la doctrina de “tolerancia cero” podría llevar a excesos represivos e impactos desproporcionados sobre poblaciones vulnerables.
La oposición no tardó en denunciar que el acto es parte de una estrategia electoral: un recurso simbólico que busca exhibir “mano dura” sin garantías de eficacia real frente a la criminalidad estructural. Además, algunos sectores cuestionan la decisión de presentar el proyecto desde un penal, considerándolo una teatralización del poder.
El Ejecutivo, por su parte, deberá garantizar la sustentabilidad política y jurídica del texto ante el Congreso. La iniciativa, si bien posee respaldo estratégico desde el oficialismo, depende de alianzas legislativas y negociaciones de consenso para no quedar trabada en comisiones o nulificada por fallos judiciales.
