Ante la renuncia de Espert, la Junta Electoral bonaerense convocó a una audiencia y exigió que el Gobierno informe costos y partidas presupuestarias.
En un giro jurídico-político de alto voltaje, la Junta Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires convocó este lunes a una audiencia para analizar el pedido de la alianza La Libertad Avanza (LLA) de reimprimir la totalidad de las Boletas Únicas de Papel (BUP) del distrito bonaerense, tras la sorpresiva renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional. La medida fue adoptada en virtud de los plazos electorales apremiantes y la posibilidad de que Diego Santilli asuma como cabeza de lista.
Los firmantes de la decisión incluyen al juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, la presidenta de la Corte bonaerense Hilda Kogan, el titular de la Junta Jorge Eduardo Di Lorenzo, y los secretarios electorales Alina Sayal y Leandro Luppi. El pedido de LLA fue impulsado por sus apoderados, que solicitaron formalmente reemplazar a Espert por Santilli en la cabeza de la lista y que las boletas, ya impresas, sean nuevamente confeccionadas con el nuevo nombre.
Como parte de las primeras medidas del proceso, la Justicia electoral requirió al Gobierno que informe en un plazo perentorio el costo estimado de reimprimir las boletas, si existen partidas presupuestarias para afrontarlo, las imprentas que podrían intervenir y los plazos de producción y entrega. Además, instó a todas las fuerzas políticas habilitadas a competir en los comicios del 26 de octubre a tomar conocimiento del pedido y a presentar sus observaciones.
El planteo de LLA devino tras la renuncia pública de Espert el domingo 5 de octubre, en el marco de la polémica difusión de documentos del Bank of America que lo vincularían con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido por presuntos delitos financieros. En su lugar, el frente oficialista pretende que Santilli, quien hasta ahora ocupaba el tercer lugar en la lista, sea ascendido al primer lugar para ser la cara visible de la coalición en Buenos Aires.
La oposición y diversos legisladores ya se expresaron en contra de la reimpresión. Argumentan que un cambio masivo en la impresión de boletas en esta etapa del cronograma electoral violaría el espíritu de la ley, implicaría riesgos logísticos para la entrega a tiempo y podría generar un antecedente de discrecionalidad electoral. Por otra parte, sectores del oficialismo sostienen que garantizar que la boleta muestre correctamente al candidato que encabeza la lista es un derecho esencial del electorado.
El miércoles próximo será clave: esa audiencia podría definir si la Justicia da luz verde al cambio y reimpresión de boletas, o si rechaza el planteo de LLA. Mientras tanto, el calendario electoral no da tregua, y todas las decisiones técnicas, legales y políticas convergen en una definición inminente.
