La oposición apura negociaciones para alcanzar quórum y aprobar un proyecto que limita el uso de DNU, mientras el oficialismo advierte que podría recurrir al veto y conflictos institucionales —en medio del escándalo por la renuncia de José Luis Espert— redefinen el clima político.
La Cámara de Diputados se convertirá este miércoles al mediodía en el epicentro de una pulseada institucional entre el oficialismo y la alianza opositora. Con la mira puesta en el régimen de decretos de necesidad y urgencia (DNU), los bloques anti-gobierno buscan una mayoría absoluta que les permita sesionar y saldar, en lo legislativo, disputas que exceden lo técnico: se juegan poder, legitimidad y el desgaste político a pocos días de las elecciones.
Las negociaciones de última hora muestran que la UCR, los bloques provinciales y fracciones del peronismo están dispuestos a aportar votos para llegar a los 129 diputados necesarios para abrir la sesión, aunque el número final podría exceder ese piso. Esa mayoría permitiría impulsar un proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado y que habilita a que un DNU sea derogado por el rechazo de una sola cámara, reduce su vigencia a tres meses si no tiene respaldo parlamentario y prohíbe que abarquen múltiples temas simultáneos.
Si la sesión prospera, la oposición buscará además interpelar a funcionarios clave del Gobierno: los pedidos de citación apuntan a Karina Milei, Mario Lugones, Luis Caputo y Guillermo Francos. El oficialismo, por su lado, ha advertido que recurrirá al veto presidencial para frenar eventuales aprobaciones que alteren el esquema institucional que favorece la gestión mediante decretos.
Una controversia inesperada —la renuncia de José Luis Espert a la Comisión de Presupuesto y Hacienda— atraviesa el debate con una fuerte carga política. Su salida se vincula a denuncias sobre la recepción de fondos del empresario investigado por narcotráfico Federico “Fred” Machado, que ahora golpean al oficialismo libertario. Aunque algunos bloques provinciales ya deslizaron que no acompañarán medidas persecutorias contra Espert, creen que el episodio podría tener efectos colaterales sobre el clima legislativo.
El Gobierno, entretanto, intensificó el lobby en los distritos más cercanos al margen: busca contener fracturas internas y persuadir indecisos. También ha alertado sobre el riesgo de abrir una crisis institucional, alegando que la limitación de DNU reducirá la capacidad ejecutiva de actuar con rapidez ante situaciones de urgencia. Además, algunos legisladores del oficialismo recuerdan que ya experimentaron derrotas legislativas en temas sensibles, como el presupuesto universitario o leyes sociales vetadas, que fueron ratificadas por el Congreso.
En las horas previas a la sesión, no se descartan modificaciones en el temario ni demandas de última hora para reordenar los proyectos que se pondrán a votación. Una vez habilitado el debate, la oposición buscará avanzar con rapidez para evitar maniobras dilatorias. Si triunfa, será un golpe simbólico de magnitud para el Gobierno y un paso concreto hacia la redefinición del poder presidencial; si fracasa, el oficialismo reafirmará su capacidad de contener el embate opositor, aunque con un costo político alto en un contexto electoral tenso.
En cualquier escenario, el Congreso vuelve a confirmar que no es un mero trámite institucional: es uno de los escenarios centrales de la disputa política argentina en 2025.
