Un informe del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) reveló que, ya en 2021, el Ministerio de Seguridad argentino fue informado oficialmente sobre las actividades del empresario Federico “Fred” Machado y su aporte económico a José Luis Espert, según consta en memorandos de Estados Unidos.
El escándalo que ha sacudido al oficialismo se profundiza: documentos secretos enviados por Washington al Estado argentino consignan que las autoridades norteamericanas alertaron sobre presuntos delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos cometidos por Machado, y que esos antecedentes incluían su vinculación política con Espert. Las alertas habrían llegado al Ministerio de Seguridad cuando Patricia Bullrich ejercía la cartera, en el marco de una cooperación internacional que no fue pública hasta ahora.
Hasta el momento, desde el Gobierno nacional no se ha brindado una versión oficial que esclarezca si se actuó con conocimiento de los hechos o si hubo omisiones deliberadas. Mientras tanto, la coalición oficialista enfrenta una crisis política de gran envergadura que pone en riesgo la credibilidad del discurso contra la corrupción, justamente en plena campaña electoral.
Las derivaciones del caso se multiplican: Espert renunció a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires tras admitir que recibió un aporte de 200.000 dólares de Machado, al que calificó como un contrato de consultoría. Sin embargo, esa explicación quedó en entredicho cuando Machado habló desde su arresto domiciliario y afirmó que los pagos se hicieron en cuotas y que la suma podría superar ese monto.
La respuesta pública al escándalo se ha manifestado con fuerza en los últimos días. La elección bonaerense —clave para definir la correlación de fuerzas en el Congreso— ahora parece un terreno abierto para la oposición, que ya exige explicaciones y responsabilidades concretas dentro del propio oficialismo.
En paralelo, el juicio político que se instala alrededor de esta polémica suma otro capítulo delicado: colectivos de transparencia y bloques opositores reclaman evaluar la actuación de funcionarios que estuvieron al frente de la seguridad nacional, y exigen que el esclarecimiento no quede en un simple acto simbólico.
Con esta revelación, la campaña electoral argentina ingresa en territorio minado: la sospecha de que altas esferas del Estado tuvieron acceso hace años a un vínculo que hoy colapsa la escena política desnuda grietas profundas en el relato oficial y abre interrogantes sobre prioridades institucionales.
