Ante los hechos de dominio público, que evidencian una grave crisis de institucionalidad en Santa Cruz, REITERAMOS nuestra exhortación a los tres poderes del Estado a ajustar su actuación a los límites marcados por la Constitución Provincial, y los principios republicanos y democráticos de Gobierno.
Advertimos con gran preocupación cómo una disputa política entre distintos espacios ha escalado al punto de trasladarse de manera explícita al mismo Poder Judicial, llegando al extremo de desestabilizar directamente a uno de los 3 Poderes del Estado, pues hoy tenemos dos facciones disputándose el manejo del TSJ, con 4 vocales que no reconocen como tales a otros 4 vocales, pero que sin embargo han jurado y ya se encuentran en ejercicio del cargo.
La gravedad institucional de lo que estamos padeciendo los Santacruceños es manifiesta, y consideramos que se encuentra afectado el sistema republicano y el estado de derecho; resaltando que ya hay actores que reclaman la intervención federal por dicho motivo.
Resaltamos que desde esta Asociación de Abogados de Río Gallegos venimos advirtiendo sobre la intromisión reiterada del Poder Judicial en áreas que son propias del Poder Legislativo, y que ello no era una situación aislada sino demostrativa de un accionar por parte de la corporación judicial que intentaba vetar cambios institucionales que les quitaban poder y privilegios en detrimento de la ciudadanía.
Es así que hemos denunciado públicamente la flagrante violación de la ley y la constitución, consecuencia de la medida cautelar ordenada por la Jueza de Familia Nro. 3 de Río Gallegos, Cecilia López; quien de modo arbitrario y carente de fundamentación, suspendió los artículos 6 y 12 de la Ley 3.910 que rige el funcionamiento del Consejo de la Magistratura; pretendiendo desconocer la designación por elección de sus pares como presidente del Consejo de la Dra. María Cristina Riera, representante de los abogados del Foro, y restituir en el cargo al Dr. Mauricio Mariani.
En dicha oportunidad denunciamos que este tipo de intervención ya había sido ejecutada por ese mismo Juzgado de Familia ante la puesta en marcha de la nueva ley de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde también se suspendió su vigencia por una medida cautelar solicitada desde la Asociación de Magistrados, donde planteaban que al quitar la nueva ley el procedimiento previo de admisibilidad ante el propio TSJ se afectaba la independencia del poder judicial; cuando la Constitución Provincial garantiza a todos los ciudadanos el poder denunciar directamente ante el Tribunal de Enjuiciamiento a los jueces, siendo el procedimiento previo ante el TSJ un evidente mecanismo para obturar desde el propio poder judicial el avance de las denuncias contra los magistrados.
Resaltamos en esas oportunidades la gravedad institucional que representa el hecho de que sea el propio poder judicial quien mediante fallos arbitrarios suspenda reformas que hacen al mejoramiento del sistema de administración de justicia, actuaciones que sólo tienden a mantener el manejo de los mecanismos de acceso y control de la magistratura en manos de la cabeza del poder judicial; quedando excluidos del debate democrático y control republicano.
Es en ese contexto en que el Dr. Bersanelli dicta la Medida Cautelar contra la Ley que amplía el TSJ, y que el gobierno provincial denuncia un “Golpe Institucional” por parte del Poder Judicial. Dicha medida cautelar ha sido también cuestionada por excederse en su competencia, violando la división de poderes al inmiscuirse en cuestiones propias de los Poderes Legislativo y Ejecutivo sin que se advierta inconstitucionalidad y/o ilegalidad manifiesta. Ahora bien, cualquier exceso en su función jurisdiccional, debe revisarse institucionalmente.
Es así que desde esta Asociación también advertimos que no se articularon desde el Ejecutivo Provincial los planteos judiciales pertinentes ante los casos previos (donde se podría haber intentado llegar a la CSJN, o pedido de jurys, denuncias, etc., nada de lo cual se verificó), ni se habilitó el proceso público que reclamamos para la ampliación del TSJ (lo que hubiere dotado al proceso de mayor legitimidad y compromiso de las organizaciones intermedias y de la sociedad). Hoy, la solución propuesta es el desconocimiento de facto de las decisiones judiciales.
Asimismo, corresponde señalar que el Poder Ejecutivo Provincial también incurrió en extralimitación de sus facultades al nombrar al Dr. Basanta como vocal del TSJ sin que cumpliera con las condiciones constitucionales necesarias, específicamente los años de ejercicio profesional requeridos. Esta irregularidad motivó una acción de amparo por parte de esta Asociación cuyo derrotero judicial se extendió por casi 3 años, siendo resuelta de manera express únicamente ante la inminencia de la ampliación del Tribunal. Esta dilación contrasta de modo flagrante con la notable celeridad con que fueron tratadas las medidas cautelares que vedaron la aplicación de la Ley 3949, evidenciando un uso selectivo y político de los tiempos procesales por parte del Poder Judicial que agrava aún más la crisis institucional.
La confusión es de grado tal, que nos encontramos con organizaciones de protección de los órganos del ministerio público y de la defensa que – so pretexto de garantizar la independencia del poder judicial – instan a sostener el incumplimiento histórico de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó restituir en su cargo de Procurador al Dr. Sosa. La independencia del Poder Judicial se garantiza cumpliendo los fallos de la Corte, y en particular éste que justamente se trata de un Procurador cuyo cargo fue directamente eliminado por el Gobierno del Dr. Kirchner, cuestión que llamativamente todos soslayan.
Finalmente, corresponde señalar que la pasividad e indiferencia que se observa en amplios sectores de la ciudadanía frente a la crisis del Tribunal Superior de Justicia es el signo más elocuente de que, en los hechos, el sistema de administración de justicia en Santa Cruz no está funcionando como tal desde hace años. El caso del ex Procurador Eduardo Sosa, removido en forma inconstitucional y con desatención de la orden de reposición emanada de la Corte Suprema; y la designación del Dr. Basanta en el Tribunal Superior pese a no reunir las condiciones para el cargo, ya habían generado un deterioro grave en la institucionalidad y un aumento de la desconfianza y descreimiento de la ciudadanía en el Poder Judicial.
Por todo lo expuesto, la Comisión Directiva de la Asociación de Abogados de Río Gallegos exhorta nuevamente a los tres poderes del Estado, a retomar los carriles de la institucionalidad y normalidad jurídica, garantizando el apego a la Constitución Provincial y Nacional, el Estado de Derecho y la vigencia del sistema Republicano de Gobierno.
